Panamá tiene una geografía que ningún planificador podría inventar. Un canal que genera ingresos sin importar quién gobierna. Una economía dolarizada. El aeropuerto más activo de América Latina.

Y, aun así, el 46.6% de los panameños identifica la corrupción como el principal problema del país.

Eso no es mala suerte. Es una decisión acumulada durante décadas de elegir lo conveniente sobre lo correcto. El resultado es un país que tiene las condiciones para ser del primer mundo y elige, sistemáticamente, no serlo.

Hay tres cambios que lo transformarían. Los tres son conocidos. Los tres llevan décadas discutiéndose. Y los tres siguen sin hacerse.

Primero: separar la educación de la política

El sistema educativo panameño no está en crisis por falta de presupuesto. Panamá gasta más en educación, como porcentaje del PIB, que la mayoría de sus vecinos. El problema es que ese presupuesto se gestiona como instrumento político.

Los docentes se asignan por favores. Los directores se nombran por conexiones. Las reformas curriculares se detienen cuando cambia el gobierno. El informe BTI 2026 lo documenta: alta cobertura educativa, resultados de aprendizaje que no la justifican.

Un país que no enseña bien no puede competir bien.

La solución no requiere más dinero. Requiere sacar las decisiones educativas del ciclo electoral y ponerlas en manos de quienes saben de educación, no de quienes necesitan votos.

Segundo: construir instituciones que funcionen igual sin importar quién gana

El índice de percepción de la corrupción de 2025 confirma lo que todos saben: Panamá no mejora. Se estanca. Y el estancamiento, en este contexto, es retroceso relativo.

La corrupción no es un problema moral. Es un problema de costo. Cada empresa que llega y tiene que navegar un sistema judicial impredecible toma nota. La próxima vez, ese capital va a otro lado.

El BID lo dice sin rodeos: Panamá necesita fortalecer su institucionalidad para impulsar la inversión. No es una observación académica. Es la razón por la que muchos proyectos que deberían estar aquí están en otro país.

El Canal funciona porque tiene reglas claras que se cumplen. La economía panameña debería funcionar igual.

Tercero: gastar en lo que funciona, no en lo que se ve

El presupuesto de un país es un mapa de prioridades. El presupuesto panameño revela un gobierno que invierte en visibilidad, no en resultados.

Panamá destina cientos de millones anuales a subsidios de combustible que benefician desproporcionadamente a quienes más tienen. Construye edificios mientras el sistema judicial funciona sin infraestructura digital básica. Financia eventos y campañas mientras las escuelas tienen paredes, pero no libros.

El resultado es predecible: la deuda pública crece, los servicios no mejoran y el ciudadano aprende que el Estado no está ahí para servirlo, sino para aparecer frente a él.

Cambiar eso no requiere más recursos. Requiere honestidad sobre qué funciona y qué solo parece funcionar.

Ninguno de estos cambios requiere esperar al próximo presidente. Todos requieren que quienes tenemos voz en el debate público la usemos para decir lo que es incómodo: los problemas de Panamá no son de recursos. Son de voluntad.

Panamá, en 2026, tiene todos los activos, pero instituciones que no están a su altura. Esa brecha no se cierra con infraestructura. Se cierra tomando decisiones que duelen a corto plazo y cambian el país a largo plazo.

Los países que se transforman no esperan el momento perfecto.

Empiezan con los cambios que nadie quería hacer.

El autor es analista financiero.