Inicio este artículo de opinión al leer en La Prensa que la impugnación interpuesta contra el diputado Benicio Robinson, con ocasión de su proclamación, ha pasado a ser del conocimiento de los magistrados del Tribunal Electoral, en apelación.
Las primeras elecciones que de algún modo seguí de cerca fueron las de 1964, cuando acompañé a mi padre a un recorrido el día de los comicios en mayo de ese año. Ya en 1968, con 18 años pero aún menor de edad para la época, me trasladé con varios amigos a ver las elecciones en el interior. Por razones de amistades, parentescos y facilidades de alojamiento, escogimos la ciudad de Chitré, pero recorrimos ampliamente la zona en todos los distritos de Herrera, con excepción de Ocú. Tan pronto se levantaron las limitaciones que había para transitar libremente entre provincias, regresamos a Panamá deteniéndonos en múltiples ocasiones en el camino, llegando ya en la mañana del día lunes a Panamá. Las serias irregularidades de aquel proceso dejaron en entredicho toda la institucionalidad del Estado panameño, a tal punto que facilitó el golpe militar que nos sojuzgó durante 21 años.
Después viví en Colombia la experiencia de ver nacer un movimiento armado como consecuencia del desconocimiento de los resultados reales de las elecciones de 1970 en esa nación hermana. A mí tampoco me gustaba el candidato que había ganado, pero había sido la voluntad popular; su desconocimiento llevó, como cuando se suscitó la Guerra de los Mil Días, a enfrentamientos de sangre entre hermanos.
Hasta 1984, la férula de los militares abanicó las caricaturas de elecciones como quiso, hasta que para 1989, la institucionalidad del Estado panameño, hecha añicos, facilitó que una intervención militar norteamericana fuera posible, no porque quisieran salvar nuestra democracia, sino porque veían en entredicho intereses propios al tiempo que muchos de quienes podían ser víctimas de esa invasión aplaudían en las calles a los soldados que hollaban con sus botas nuestro suelo.
Después tuve la oportunidad de servir en la reorganización de nuestra institución electoral y ver muchos otros procesos electorales aquí y en el exterior.
Por esa aversión que tengo al irrespeto de los pueblos, cuando hubo presiones ya como magistrado del organismo electoral panameño, para no entrar a conocer de algún caso en que se alegaba la ocurrencia de abundantes irregularidades, que estaban lejos de estar probadas pero respecto a las cuales había elementos indiciarios importantes, dispuse que el Tribunal Electoral conociera el caso de la impugnación propuesta por el candidato Cortizo, mismo que hoy es presidente de la República y a quien en 1994 le hicieron trampa.
No declaré inadmisible la demanda de impugnación como me pidieron mis colegas magistrados que hiciera y argumenté que si no había ocurrido nada irregular, ello se evidenciaría en la audiencia y dejaría incólume la legitimidad del candidato que ya había sido proclamado ganador. Pero si, por el contrario, se demostraba que habían ocurrido irregularidades que alcanzaban a viciar el resultado, también ello resplandecería en un juicio cuya audiencia y pruebas serían públicos, como ordenan las leyes nacionales. Así se hizo y triunfaron la verdad y la transparencia, y Cortizo pudo ser diputado, aunque personalmente me hubiera convertido en una piedra en el zapato de quienes preferían manipular la voluntad popular mediante trucos judiciales.
Me temo que ahora está ocurriendo lo mismo. Con el pretexto de que no se cumplen presuntas condiciones con cuestionables argumentos, la juez de primera instancia de la jurisdicción electoral rechazó entrar siquiera a conocer los argumentos de la parte impugnante.
Después de haber leído la demanda, como he hecho, concluyo que lo que está ocurriendo no es más que el resultado de querer respaldar, aun en contra de las leyes nacionales, a quien desde su poderosa posición de presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, dirige el primer debate del presupuesto del organismo electoral, siempre complaciente para el Tribunal Electoral y para los partidos políticos nacionales, en un montaje teatral que ha carcomido como un cáncer el tejido de nuestra institucionalidad con resultados catastróficos, dando paso a un clientelismo desaforado.
La norma electoral es clarísima en cuanto a lo que se necesita para admitir y dar trámite a la demanda presentada y está todo cumplido, pero parece tener más peso lo que ha dicho el magistrado Valdés en una entrevista que lo que está escrito en la ley. Según él, se necesita “prueba indiciaria”; según la ley, puede verse en el artículo 471, Num. 15, bastan “elementos indiciarios” y, como bien sabemos quienes tenemos formación en leyes, ya se verá en el proceso si los elementos indiciarios que se presentan llegan a tener la solidez suficiente como prueba palmaria para invalidar las proclamaciones que se hayan hecho. Además, el proceso es público, así lo ordena el artículo 1A del Código Judicial, aplicable supletoriamente en los procesos judiciales electorales. Sólo en una audiencia pública sabremos la verdad.
Después podremos hablar de por qué ocurren estas cosas, porque si no nos erguimos con valor frente a estos desmanes, nuestros hijos no podrán tener jamás la patria que quisimos para nosotros y que tampoco tuvimos porque los intereses y el egoísmo prevalecieron.
El autor es exmagistrado del Tribunal Electoral.