Desde febrero de 2023, Panamá dio un paso histórico: con la aprobación de la Ley 364, la salud mental fue reconocida oficialmente como un derecho humano que el Estado debe garantizar. Esta legislación busca establecer un marco normativo que garantice el acceso a los servicios de salud mental, la formación de redes de apoyo comunitarias y la capacitación del personal sanitario.
A pesar de los buenos propósitos de la Ley 364, los ciudadanos siguen preguntándose si ese derecho existe más allá del papel. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona reconoce sus capacidades, afronta las tensiones normales de la vida y contribuye productivamente a su comunidad. Pero en la realidad cotidiana del país, esta definición se siente distante. Conseguir una cita de psicología o psiquiatría sigue siendo una odisea para la mayoría, especialmente fuera de la capital.
Uno de los principales obstáculos en el acceso a servicios de salud mental es la falta de recursos institucionales clave. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), entre enero y octubre de 2024 se registraron más de 170 mil citas en servicios de salud mental. A primera vista, la cifra refleja un avance en la atención, pero al observar más de cerca, el panorama cambia. El propio Minsa reporta que existen poco más de 40 centros públicos con atención psicológica o psiquiátrica en todo el país. La mayoría se concentra en la región metropolitana y en las cabeceras provinciales. En las comarcas y áreas rurales, los servicios son escasos o inexistentes. El mapa interactivo de salud mental disponible en el portal del Minsa muestra una dura verdad: el acceso depende de dónde se viva.
Adicionalmente, se ha observado que el alto costo de vida en Panamá impacta negativamente en el bienestar emocional de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el Banco Mundial, Panamá se ubica entre los países más caros de Centroamérica. Con un aumento del 30% en el costo de productos básicos en el último año, cada vez más ciudadano se enfrentan a situaciones de provocando estrés, ansiedad y depresión.
Este contexto desafiante se vuelve aún más complejo si se considera la pirámide de necesidades del psicólogo Abraham Maslow, que estableció que la satisfacción de necesidades básicas es fundamental para el bienestar psicológico. La crisis del costo de vida en Panamá afecta gravemente la capacidad de sus ciudadanos para satisfacer sus necesidades primarias. Si para muchos panameños cubrir la alimentación, el descanso o el pago de servicios ya representa una lucha diaria, ¿cómo hablar entonces de bienestar psicológico pleno?
La Ley 364 establece un marco legal integral para la atención en salud mental, pero todavía insuficiente. No basta con ofrecer consultas accesibles si la raíz del problema está en la desigualdad y en la falta de oportunidades. La salud mental no se trata solo de atención médica: es también una cuestión de justicia social, de condiciones de vida dignas y de políticas públicas que realmente protejan a las personas. Porque al final, cuidar la mente no debería ser un lujo reservado para quienes pueden pagarlo. De poco sirve una cita psicológica a dos dólares, si la principal preocupación del día es si alcanzará para comer mañana.
Castañeda es estudiante de psicología y Vanegas es psicóloga clínica y docente.
