Panamá ha invertido años de trabajo y millones en planes de ordenamiento territorial para orientar el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿de qué sirve planificar si las decisiones terminan comprometiendo la infraestructura, la identidad y la calidad de vida de nuestros barrios?

El Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) del distrito de Panamá, aprobado en 2021 con un horizonte de diez años, incrementó las densidades y permitió nuevos usos en barrios consolidados sin garantizar que sus infraestructuras pudieran soportar ese crecimiento. Sectores como Obarrio, San Francisco y El Cangrejo enfrentan congestión, presión sobre los servicios públicos y problemas de abastecimiento de agua.

Esta situación ya había sido advertida en el plan Panamá Metropolitana: sostenible, humana y global, elaborado por el Municipio de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (MUPA-BID), que identificó áreas con densidades intolerables e infraestructura insuficiente. ¿Por qué insistir en sobrecargar estos sectores en lugar de corregir sus deficiencias y orientar el crecimiento hacia otras áreas?

Los acueductos, alcantarillados, calles, sistemas de movilidad, parques y áreas verdes deben guardar proporción con la población. En Obarrio, los chalets originales, rodeados de amplios jardines, han dado paso a gigantescas torres que ocupan casi todo el lote. El resultado es menos vegetación y más cemento, cuyas superficies absorben e irradian calor, agravando el efecto de isla de calor urbana. Nos quejamos del calor, pero irónicamente terminamos echándole toda la culpa al bendito cambio climático, mientras seguimos eliminando árboles y áreas verdes. Todo esto ocurre cuando las áreas verdes por habitante siguen muy por debajo de los 9 metros cuadrados que suelen tomarse como referencia internacional.

La transformación también amenaza la memoria histórica de nuestros barrios, como ocurrió en Bella Vista. Durante la presidencia de Belisario Porras se impulsó el desarrollo de La Exposición y Bella Vista, sectores fundamentales para la identidad de Panamá. Hoy, esa riqueza urbana y cultural se pierde ante una transformación que amenaza el carácter de nuestras comunidades. No basta con autorizar más edificios: hay que garantizar que los barrios puedan soportarlos.

Ahora se pretende permitir, mediante la Compensación Urbana por Incremento a la Edificabilidad, hasta un 50 % adicional de edificabilidad, abriendo la posibilidad de construir más en sectores ya sobrecargados. ¿Cómo podrán soportarlo calles que no pueden ensancharse, acueductos y alcantarillados deficientes y parques insuficientes?

Ninguna compensación económica reparará las afectaciones ni devolverá la calidad de vida perdida. El dinero no aliviará por sí solo la congestión, ni garantizará agua potable, ni creará áreas verdes donde no existen terrenos disponibles. Mientras los inversionistas obtienen beneficios de una mayor edificabilidad, las comunidades asumen las consecuencias de un crecimiento que supera la capacidad de sus barrios.

Las zonas concebidas para determinadas densidades no deberían transformarse indiscriminadamente cuando su infraestructura es insuficiente. Es como una familia: cuando la vivienda queda pequeña, se necesita otra con más espacio, no seguir hacinando a sus integrantes.

Panamá debe orientar su crecimiento hacia nuevos polos de desarrollo, como recomienda el Plan Metropolitano Panamá-Pacífico del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Distribuir las actividades económicas, el empleo y los servicios permitiría descongestionar los sectores saturados y planificar la infraestructura necesaria.

Necesitamos autoridades que protejan nuestros derechos y velen por el interés general. Los ciudadanos no deberíamos perder el tiempo ni desgastarnos subiendo y bajando escaleras para exigir que los funcionarios cumplan con las obligaciones que les corresponden por ley. Asimismo, los puestos técnicos deben ocuparse por mérito, preparación y experiencia, con estabilidad que permita acumular conocimientos y dar continuidad a la planificación más allá de los cambios de gobierno.

Mientras tanto, la realidad en las calles cuenta otra historia. En El Carmen, pese a la suspensión de una construcción por irregularidades, los residentes hemos documentado fotográficamente que los trabajos continuaron. Este caso evidencia la necesidad de hacer cumplir las normas y atender oportunamente las denuncias ciudadanas. En las áreas revertidas, también debe respetarse el marco específico de la Ley 21 de 1997.

Panamá necesita una planificación responsable que corrija sus deficiencias, en lugar de agravarlas con nuevas concesiones de edificabilidad. Las ciudades deben crecer, pero no a costa de apiñar personas y construcciones en sectores saturados. Desarrollar significa distribuir las oportunidades y garantizar que cada comunidad cuente con infraestructura y espacios adecuados para vivir dignamente.

El futuro de Panamá no puede construirse sacrificando la calidad de vida de sus habitantes. Hacinar no es desarrollar, y destruir el entorno no es progreso: es condenar a la ciudad al caos urbano.

La autora es arquitecta.