Hace un par de años participé en un congreso en Washington y contemplé en el Capitolio una inscripción que celebra la libertad de pensamiento y de expresión: «Sin libertad de pensamiento no puede haber sabiduría, ni libertad pública sin libertad de expresión». Durante mucho tiempo, la frase se atribuyó a Benjamin Franklin, aunque procedía de las Cartas de Catón.

La confusión importa menos que la advertencia, porque una república comienza a degradarse cuando el poder decide quién puede hablar y qué opinión merece ser criminalizada.

El autoritarismo plebiscitario panameño nace de una idea sencilla. El gobernante gana las elecciones y asume que sus decisiones representan a toda la nación por encarnar la voluntad popular. Si él es el pueblo, cualquier límite legal se convierte en un obstáculo y cualquier crítico se transforma en un enemigo.

La fórmula extrema fue escrita en el lenguaje del totalitarismo con la sentencia de que la voluntad del Führer es ley. No empleo la frase para equiparar épocas ni gobiernos, sino para resumir una lógica ineludible. La autoridad personal ocupa el lugar de la norma y el derecho deja de limitar al gobernante para pasar a obedecerlo. ¿Qué diferencia real existe entre el régimen de Noriega de los años ochenta y el actual paso firme?

Ese salto retórico comienza a asomarse en Panamá. El presidente proempresarial ha defendido la existencia de una libertad absoluta de expresión, negando que alguien posea el monopolio de la verdad. La afirmación parece democrática, pero pierde toda fuerza cuando el poder reparte etiquetas destinadas a deshumanizar al adversario.

En febrero de 2025, la administración del paso firme describió al Suntracs como una organización de mafiosos y terroristas, prometiendo reducir al sindicato a su mínima expresión. La gravedad radica en que la sentencia política llega antes que la judicial. El gobernante acusa mientras la maquinaria estatal investiga para entregar a la opinión pública un culpable prefabricado.

El debido proceso existe para impedir esa secuencia, porque exige pruebas junto con la defensa ante un juez competente y una decisión motivada. Ninguna conferencia de prensa debe sustituir a un tribunal ni la popularidad puede convertir una sospecha en condena. Resulta doloroso ver a un abogado ejerciendo la Presidencia sin cumplir los principios básicos de su profesión.

La libertad de expresión es el derecho fundamental de todo individuo mientras no vulnere el derecho ajeno, constituyendo este el único freno admisible. Un gobierno libre vincula siempre la propiedad y la libertad de expresión.

Catón escribió que quien pretende destruir la libertad de una nación debe empezar por someter la franqueza de su expresión. Tres siglos después, esa fórmula conserva su vigencia absoluta.

El poder rara vez comienza prohibiendo, porque primero desacredita y luego estigmatiza para castigar después y presentar finalmente el silencio como paz.

John Locke advirtió que, sin el Estado de derecho, las personas quedan sujetas a un déspota que las obliga a vivir bajo voluntades repentinas y desconocidas, sin normas establecidas que guíen las acciones. La previsibilidad y la certeza jurídica resultan esenciales para la convivencia comunitaria, tanto en el siglo XVII como en la Panamá actual. ¡En Panamá no tenemos una monarquía, tenemos leyes!

Una mayoría electoral autoriza únicamente a gobernar y jamás a actuar por encima de la ley. La actual administración no es la medida de la verdad ni la fuente exclusiva del derecho. Cuando la voluntad del jefe pretende erigirse en ley, la república cede el paso a una obediencia ciega que asfixia el futuro del país y aleja la inversión extranjera.