La promulgación de la Ley 402 de 2023, que adopta el nuevo Código Procesal Civil (CPC), marca una de las transformaciones más trascendentales en la historia judicial panameña. Su exposición de motivos no solo explica la intención del legislador, sino que desnuda una realidad: el antiguo modelo escritural había llegado a un punto de ineficacia estructural que generó desconfianza y descontento ciudadano.
El viejo esquema procesal, basado en trámites extensos y actuaciones escritas, propiciaba lentitud, tácticas dilatorias y sentencias tardías que, en la práctica, equivalían a justicia denegada. El juez era un lector de expedientes, sin contacto directo con las partes ni con la prueba viva. La excesiva ritualidad y el formalismo extremo hacían del proceso un laberinto más burocrático que justo.
Frente a ello, el nuevo CPC propone una reingeniería total del proceso civil, anclada en la oralidad, la inmediación judicial y la modernización tecnológica. La meta es clara: transformar la cultura jurídica y devolverle a la justicia su agilidad, transparencia y credibilidad.
El cambio de paradigma
El eje central de la reforma es la oralidad como principio rector. Aunque ciertas fases —como la postulación inicial y las impugnaciones— permanecen escritas, las etapas decisivas (pruebas, alegatos y sentencias) se realizan ahora en audiencias orales y grabadas. Este cambio busca concentración procesal, transparencia y participación activa del juez.
La figura del juez también se redefine. Pasa de ser un observador distante a un director del proceso, con facultades para controlar plazos, ordenar pruebas y garantizar la lealtad procesal. La inmediación fortalece su criterio al valorar la prueba directamente, lo que redunda en decisiones más sólidas y razonadas.
Por otro lado, la tecnología deja de ser un complemento y se convierte en pilar de la reforma. El expediente electrónico, el casillero judicial digital y el Sistema Automatizado de Gestión Judicial apuntan a una justicia disponible 24/7, con menos tramitología y mayor eficiencia.
Luces y sombras del nuevo modelo
Si bien la reforma representa un salto histórico, no está exenta de riesgos. Uno de ellos es el del “juez superhombre”, obligado a resolver con rapidez, dirigir audiencias, dictar fallos en plazos cortos y mantener la calidad jurídica de sus decisiones. La presión por la celeridad podría convertir la eficiencia en un fin en sí mismo, sacrificando la reflexión profunda que exige cada caso.
Otro riesgo es la dilución de las normas en principios. La constitucionalización del proceso introduce valores como celeridad, economía y lealtad procesal, pero su interpretación flexible puede generar inseguridad jurídica si no se aplican con equilibrio. La norma debe seguir siendo límite, no sustituto, de la ley.
A ello se suma un desafío muy concreto: la desigualdad territorial y presupuestaria. Las audiencias orales y los sistemas digitales exigen infraestructura y capacitación constante. Sin embargo, la realidad es que no todos los circuitos judiciales del país cuentan con los mismos recursos. Lo que en la capital funciona con fluidez puede verse estancado en provincias, donde la oralidad aún enfrenta carencias logísticas y tecnológicas. El riesgo es crear una justicia de dos velocidades: moderna en las capitales y rezagada en el resto del país.
Un salto histórico con retos pendientes
Aun con estos desafíos, la expectativa general es optimista. El nuevo CPC promete celeridad real, mejor calidad de las sentencias y mayor transparencia en el actuar judicial. Si el Órgano Judicial logra equilibrar la rapidez con la calidad, y si la tecnología se implementa de forma equitativa, Panamá podrá consolidar una justicia civil moderna y cercana al ciudadano.
La exposición de motivos de la Ley 402 lo deja claro: esta transición de la escritura a la oralidad no es una opción, sino una necesidad para recuperar la confianza pública. Pero el verdadero éxito dependerá de que la celeridad no se imponga sobre el análisis y de que la discrecionalidad judicial no debilite la seguridad jurídica.
El reto es monumental, pero la meta es digna: una justicia más humana, accesible y creíble, donde la palabra, finalmente, pese más que el papel.
La autora es abogada y docente.
