El Gobierno del presidente José Raúl Mulino lleva más de dos años hablando de una nueva Constitución. En campaña prometió una transformación institucional profunda y creó una estructura para impulsarla. Desde entonces hemos tenido alfabetización constitucional, foros, consultas, seminarios y una hoja de ruta. Todo ello es necesario. Pero, después de más de dos años, el proceso se resume en una sola frase: mucho ruido y pocas nueces.

El Gobierno ha dedicado tiempo, esfuerzos y recursos para explicar cómo podría hacerse la reforma, pero todavía dice muy poco sobre qué quiere reformar. Y ese vacío es precisamente lo más preocupante. En el fondo de la reforma, ni el Gobierno ni las fuerzas políticas que lo llevaron a la Presidencia le han presentado al país una propuesta clara sobre qué instituciones deben cambiar, por qué deben cambiar y cómo deberían funcionar. Más allá de un calendario para elegir constituyentes y redactar un nuevo texto, el Gobierno no asume liderazgo en el fondo de la reforma y la sociedad sigue sin conocer cuáles son los criterios que propone que deberían orientar esa transformación. Peor aún, la reforma constitucional está ausente del discurso del presidente.

Después de más de dos años de gobierno, Panamá debería estar discutiendo qué Estado queremos construir: cómo limitar el poder presidencial, cómo hacer funcionar una Asamblea Nacional sin confianza ciudadana, cómo garantizar una justicia verdaderamente independiente, cómo combatir la corrupción y la impunidad, cómo fortalecer los órganos de control y cómo establecer mejores mecanismos de representación y rendición de cuentas.

El calendario hace todavía más preocupante la demora. El Gobierno pretende elegir a los constituyentes en 2027, encargarles la redacción del nuevo texto constitucional, someterlo posteriormente a un período de divulgación y debate ciudadano y, finalmente, llevarlo a un referéndum para que los panameños decidan si lo aprueban o lo rechazan. Todo ello implica que, en un período muy limitado, deberán discutirse y redefinirse aspectos esenciales de la República: la estructura del Estado, la relación entre los poderes públicos, el sistema electoral, la administración de justicia, los órganos de control, los gobiernos locales, los derechos fundamentales y la distribución del poder.

Pero existe un problema todavía mayor: la próxima campaña comenzará mucho antes de 2029. Dentro de poco aparecerán candidaturas, alianzas y el proceso partidista de primarias. Cuanto más se retrase la reforma, mayor será el riesgo de que un proyecto que debería diseñarse pensando en las próximas generaciones termine contaminado por los intereses de quienes estarán compitiendo en las próximas elecciones.

La oportunidad para avanzar con rapidez es precisamente ahora, cuando todavía existe distancia respecto del próximo proceso electoral. Esa oportunidad se está agotando. Cada mes de retraso reduce el espacio para discutir seriamente la reforma y aumenta la posibilidad de que la Constitución termine atrapada en la próxima campaña electoral.

No se trata de desconocer el trabajo de SEPRESAC. Ha habido esfuerzo, consultas y una importante labor de divulgación. Pero este esfuerzo no parece hacer eco en la agenda del presidente y le plantea al país una iniciativa que, por su trascendencia, hoy pareciera estar huérfana de verdadera voluntad política. Después de más de dos años, ya no basta con demostrar que el proceso avanza. Hay que demostrar hacia dónde avanza.

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Pero el Gobierno debe pasar de la pedagogía a los resultados, de la preparación a las decisiones y, sobre todo, de la discusión sobre la forma a la discusión sobre el fondo. El país necesita saber qué Constitución se quiere construir, qué problemas pretende resolver y qué cambios concretos propone. Información general, cronogramas de trabajo ambiguos y una ausencia de liderazgo contundente desde la cabeza del Ejecutivo hacen peligrar los esfuerzos y los recursos que en esta materia se han invertido a la fecha.

El tiempo se está acabando. Hay dos relojes corriendo simultáneamente: el constitucional y el electoral. Si el Gobierno no acelera ahora, será el segundo el que termine dictando el ritmo del primero y corremos el riesgo colectivo de que el fracaso del Gobierno sea el fracaso del país.

El autor es abogado y excandidato presidencial por la libre postulación.