El pasado 15 de agosto el Canal cumplió ciento doce años. Se recordaron, con razón, el primer tránsito del vapor Ancón, las cifras de tráfico y los desafíos del agua. Quisiera recordar otra cosa, menos celebrada y quizá más útil: que la obra más importante de este continente arrastró desde su origen una pregunta incómoda, y que quien la hizo terminó procesado por el gobierno de los Estados Unidos.

La pregunta era sencilla: ¿a dónde fueron los cuarenta millones de dólares?

Cuando Washington retomó el proyecto abandonado por los franceses, pagó cuarenta millones de dólares a la Compañía Nueva del Canal de Panamá por sus activos, sus estudios y su maquinaria. Era una suma enorme para la época. Por comparación, la República de Panamá recibió diez millones y una anualidad. En 1908, el New York World, el diario de Joseph Pulitzer, publicó que una parte sustancial de ese dinero no había llegado a Francia, sino a un grupo de intermediarios estadounidenses. Señaló nombres, entre ellos personas del entorno familiar del presidente electo.

La respuesta del presidente Theodore Roosevelt no fue una desmentida ni una demanda personal. Fue una acusación penal presentada en nombre del Gobierno de Estados Unidos contra la empresa editora del periódico, con procesos abiertos en dos jurisdicciones. Las catorce imputaciones se libraron el 4 de marzo de 1909, media hora después de que Roosevelt dejara la Casa Blanca. Pulitzer respondió que aquello era un intento de revivir las viejas leyes de sedición y de instaurar en América la doctrina de la lesa majestad: la idea de que ofender al gobernante es un delito contra el Estado.

Perdió el gobierno. En enero de 1911, un juez federal de Manhattan anuló la acusación y, ese mismo año, la Corte Suprema confirmó la anulación de manera unánime. Los documentos del proceso están hoy digitalizados y son de consulta pública.

No traigo esta historia para reabrir un pleito de hace más de un siglo ni para señalar a nadie. La traigo porque contiene una lección que nos sirve hoy y que, en mi oficio —preparar proyectos de infraestructura para que puedan ser financiados—, compruebo todas las semanas.

La lección es esta: la transparencia de una obra no es un adorno que se le agrega al final. Es parte de la obra. Un proyecto de infraestructura mueve dinero público, adjudica contratos, expropia predios y decide qué territorio se conecta y cuál no. Cuando esas decisiones no se pueden auditar, la sospecha ocupa el lugar de la información, y la sospecha es carísima: encarece el crédito, retrasa las obras y desgasta la confianza que hace falta para la siguiente.

Casi todas las reglas que hoy nos parecen trabas nacieron de episodios como aquel. La separación entre quien contrata y quien construye. La interventoría que no depende del contratista. La obligación de publicar el avance real. La prohibición de emitir deuda nueva sin revelar el estado del proyecto. Ninguna de esas normas es un capricho: cada una es la cicatriz de algo que ocurrió.

Y hay una segunda lección que a los panameños nos toca de cerca. Aquella pregunta de 1908 quedó, en la práctica, sin respuesta completa. Un siglo después, la administración panameña del Canal contestó de la única manera que sirve: con cuentas verificables. La ampliación inaugurada en 2016 costó del orden de cinco mil doscientos cincuenta millones de dólares. De ellos, dos mil trescientos millones los prestaron cinco instituciones multilaterales —el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Financiera Internacional y el banco japonés de cooperación— en un contrato firmado en diciembre de 2008, en el peor momento del sistema financiero mundial desde la Gran Depresión. El resto lo aportó el propio Canal con su flujo de caja.

Vale la pena detenerse en por qué prestaron. No fue por garantía de la República: el crédito lo tomó la Autoridad del Canal. Le prestaron a una entidad con ingreso propio verificable, con autonomía establecida en la Constitución y con un historial de operación que se puede auditar año por año. Eso es exactamente lo contrario de lo que el World denunciaba en 1908.

Ciento doce años después de aquel primer tránsito, el mejor homenaje al Canal no es repetir sus cifras de tráfico. Es reconocer que su valor mayor no está en las esclusas, sino en la institución que las administra, y que esa institución se construyó con reglas que hacen posible una respuesta cuando alguien pregunta a dónde fue el dinero.

Los pueblos no se desarrollan solo por las obras que levantan. Se desarrollan por las instituciones que son capaces de sostenerlas y por la costumbre de rendir cuentas cuando un periódico pregunta.

El autor es ingeniero, máster en Sostenibilidad y Economía Circular, y trabaja desde Ciudad de Panamá en la preparación de proyectos de infraestructura para banca multilateral en América Latina.