Hay una frase que repetimos cada vez que la política vuelve a decepcionarnos: «Cada pueblo tiene el gobierno que se merece».

Nunca me ha gustado del todo.

Ningún ciudadano honesto merece que le roben. Ninguna sociedad merece corrupción, impunidad o instituciones débiles simplemente porque una parte de sus ciudadanos haya tomado malas decisiones electorales. Pero quizá hemos formulado mal la idea.

Tal vez no tenemos necesariamente el gobierno que merecemos. Tenemos, en buena medida, el gobierno que escogemos, toleramos y ayudamos a construir.

Y esa diferencia resulta mucho más incómoda.

La reciente discusión en la Asamblea Nacional sobre el denominado «derecho al olvido penal» debería obligarnos a mirar más allá del proyecto mismo. La propuesta permitiría, bajo determinadas condiciones, cancelar antecedentes y registros policiales de personas que hayan cumplido sus condenas, incluso en ciertos casos de blanqueo de capitales, estafa y delitos contra el orden económico.

La reinserción social es necesaria. Una sociedad civilizada debe reconocer que quien cumplió una condena tiene derecho a reconstruir su vida. Pero cuando hablamos de corrupción y del ejercicio de funciones públicas surge una pregunta distinta: ¿tiene la sociedad también derecho a recordar?

Porque una cosa es permitir que alguien rehaga su vida y otra muy diferente es limitar el acceso a información relevante cuando esa persona podría regresar a administrar recursos públicos o ejercer cargos de poder.

Sin embargo, el problema va más allá de una ley.

Es demasiado fácil indignarnos con los políticos. Los insultamos, los convertimos en memes, decimos que la Asamblea no nos representa y aseguramos que «todos son iguales». Hasta que llegan las elecciones y muchos de aquellos personajes que durante años acumularon cuestionamientos regresan a las papeletas y vuelven a recibir miles de votos.

¿Quién los coloca allí?

Nosotros.

Ese es el espejo que pocas veces queremos mirar.

La democracia tiene una característica incómoda: distribuye la responsabilidad. Los políticos no llegan al poder por generación espontánea. Alguien vota por ellos, participa en sus campañas, acepta el favor, recibe la bolsa de comida, pide el nombramiento o cambia su voto por una promesa. Alguien sabe perfectamente quién es el candidato y, aun así, lo apoya porque «resuelve».

Después nos sorprendemos cuando gobierna de la misma manera en que consiguió nuestros votos.

Quizá la corrupción comienza mucho antes de que desaparezca el primer dólar. Comienza cuando robar es condenable, excepto cuando roba «uno de los nuestros»; cuando rechazamos el nepotismo hasta que el nombrado es nuestro familiar; cuando denunciamos el tráfico de influencias hasta que necesitamos una influencia; cuando exigimos transparencia a los adversarios y encontramos explicaciones interminables para nuestros aliados.

Entonces la corrupción deja de ser únicamente una conducta del funcionario. Se convierte en cultura.

Por eso resulta insuficiente preguntarnos qué clase de políticos tenemos. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿qué clase de sociedad los hace políticamente viables?

Hemos aprendido a indignarnos sin necesariamente aprender a sancionar. Nuestra memoria política parece tener fecha de vencimiento. «Todos roban». «Por lo menos hizo obras». «Ese sí ayuda a su gente». Frases aparentemente inocentes que revelan nuestra escala colectiva de valores.

Ninguna arquitectura institucional será suficientemente fuerte si continuamos premiando electoralmente aquello que repudiamos públicamente.

Quizá por eso el debate sobre el «olvido penal» resulta tan simbólico. El problema más peligroso de Panamá podría no ser que una ley permita olvidar determinados antecedentes.

Podría ser que nosotros ya hayamos aprendido a olvidarlos sin necesidad de ninguna ley.

Cada cinco años tenemos una oportunidad para recordar: una papeleta, un lápiz y unos segundos frente a nuestra propia conciencia.

Tal vez un país no tenga exactamente el gobierno que merece. Pero difícilmente podrá escapar del gobierno que está dispuesto a elegir, justificar y tolerar.

Al final, la política también es un espejo. Y antes de indignarnos nuevamente con la imagen, deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar aquello que la produce.

El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.