Aquí nos atrevemos a decir y escribir la verdad como parte esencial de nuestra libertad, mientras otros callan por miedo. No somos esclavos ni en cuerpo ni en mente. Respiramos aire libre y pensamos sin ataduras de pluma ni de lengua. Estas palabras fueron escritas como argumento patriótico por el periodista John Tutchin en 1706 dentro de su periódico The Observator para personificar la superioridad de la libertad inglesa frente al vasallaje francés. En Panamá aún vivimos en un periodo colonial donde la voluntad del poder se impone como ley.
La censura contemporánea rara vez llega con un policía que clausura una imprenta. Puede llegar mediante un memorando de recursos humanos que lleva membrete, cita un código de ética y anuncia una destitución. La forma parece administrativa, pero el efecto es político.
Entre 1715 y 1744, en Inglaterra, cualquier crítica política era considerada sediciosa, incluso cuando resultaba verdadera. Los escritores e impresores sufrían constante acoso, arresto, juicio, encarcelamiento o ejecución, tal como ocurrió en 1693 y 1719 con los editores de panfletos jacobistas. Asimismo, la ley de licencias teatrales amordazó la crítica escénica al otorgar al gobierno un poder absoluto de censura. Siglos después, la dictadura militar en Panamá repitió estas acciones contra educadores, universitarios y movimientos sociales. Hoy en día, las oficinas de recursos humanos son utilizadas para perseguir a los críticos.
Un servidor público puede ser sancionado por faltas laborales, pero para ello debe existir una conducta prevista, una investigación imparcial, acceso al expediente, oportunidad de defensa y una decisión sustentada. Sin esas garantías, el procedimiento deja de corregir una falta para pasar a fabricarla.
El peligro aumenta cuando la conducta cuestionada es una opinión. Un médico puede escribir sobre pensiones, falta de insumos, mala gestión o consecuencias sociales de una reforma. Puede hacerlo con dureza o equivocarse. La respuesta democrática consiste en discutir sus argumentos, mientras que la respuesta autoritaria busca una norma vaga para destituirlo.
El Código de Ética de los Servidores Públicos fue concebido para proteger la probidad y el correcto ejercicio de la función pública. No debe convertirse en un juramento de silencio ni permitir que una oficina de recursos humanos decida qué pensamiento resulta compatible con el servicio estatal.
La fabricación del monstruo sigue un método conocido. Primero se separa al crítico de su condición humana para dejar de verlo como médico, trabajador o sindicalista y tildarlo de agitador, maleante o terrorista. Después se presenta su castigo como higiene institucional. Luego, las redes sociales exhiben la caída. La decapitación resulta laboral, pero el espectáculo es público.
El resultado alcanza a todos los funcionarios sin necesidad de repetir el mensaje. Quien opine puede perder el puesto y quien cuestione puede ser investigado hasta convertirse en tendencia. Así nace la autocensura, porque nadie prohíbe escribir directamente, pero todos aprenden el alto precio de hacerlo.
Las Cartas de Catón surgieron contra los gobiernos que castigaban la publicación de libelos y perseguían impresores. Su teoría contenía imperfecciones, pero acertó en algo fundamental: el gobernante honesto debe tolerar el escrutinio, mientras que el poder corrupto necesita domesticarlo.
Durante el Varelato, a quienes hoy gobiernan les encantaba proclamar la falta de libertad de prensa y decir que eran víctimas de publicaciones sediciosas del periódico de la 12 de Octubre, pero ahora, desde el poder, la pisotean por completo. Seguramente regresarán con la misma cantaleta después de 2029.
Panamá no necesita servidores públicos mudos, sino profesionales capaces de advertir errores antes de que se transformen en crisis. Convertir el código de ética en mordaza debilita al Estado, y transformar recursos humanos en un tribunal ideológico destruye la confianza ciudadana. Convertir al crítico en monstruo prepara a la sociedad para celebrar su castigo y siembra una profunda sed de revancha para las próximas elecciones.
Si el pueblo desconoce ideas distintas a las promovidas por la maquinaria de relacionistas pagados con fondos estatales, queda completamente vulnerable ante la tiranía de la aristocracia.
La libertad política de expresión floreció en la República Romana, renació en Inglaterra y sucumbió frente a los civilistas en Panamá.
El autor es cirujano subespecialista

