Si la frase follow the money se convirtió en el lema universal para descubrir fraudes y redes de corrupción, es porque el dinero legal o ilegal siempre deja un rastro. Ese rastro puede ser complejo, oculto o deliberadamente disfrazado, pero rara vez desaparece. Lo que muchas veces pasa desapercibido es que el primer destello que revela ese rastro no proviene del Estado, sino de la prensa.
En el derecho penal, ese primer aviso se conoce como notitia criminis: cualquier información —incluso una noticia periodística y hasta una simple glosa— que pone en conocimiento de las autoridades la posible comisión de un delito. Lejos de ser un ataque o una intromisión, la notitia criminis activa el deber institucional de investigar. Sin ese aviso inicial, muchos de los mayores casos de corrupción de la historia jamás habrían salido a la luz.
El caso Enron es un ejemplo emblemático. No fue un auditor, ni un regulador, ni un tribunal quien encendió la alarma. Fue una periodista de Fortune, Bethany McLean, quien se atrevió a hacer la pregunta que nadie hacía: “¿Cómo exactamente Enron gana su dinero?”. Su artículo del 5 de marzo de 2001, señalando la opacidad y complejidad sospechosa de la compañía, fue la chispa que desencadenó la caída de un gigante financiero. A partir de ese texto —simple en apariencia, pero poderoso en sus preguntas— las autoridades regulatorias, fiscales y judiciales activaron sus mecanismos de control. Aquí la noticia fue la “primera pista”, la notitia criminis que abrió un caso de proporciones mundiales.
Watergate es, quizá, el ejemplo más claro de cómo el periodismo puede destapar aquello que el poder pretende silenciar. Bob Woodward y Carl Bernstein, desde las páginas del Washington Post, comenzaron investigando un robo menor en el edificio Watergate. Pero su indagación reveló espionaje político, fondos ilícitos, abuso de poder y una red de corrupción que alcanzó al propio presidente de los Estados Unidos. Sin la labor de los periodistas, el sistema judicial jamás habría recibido la información necesaria para actuar. Fue la prensa la que, sin ser autoridad, generó la notitia criminis que permitió al sistema democrático defenderse de sus propios abusos.
Por eso, las noticias que revelan indicios de corrupción no deben ser vistas como ataques contra instituciones o funcionarios, sino como herramientas esenciales para fortalecer el Estado de derecho. Lejos de debilitar a las autoridades, les proveen la primera señal, la coordenada inicial para activar los mecanismos de investigación. El periodismo no condena: alerta. La prensa no juzga: avisa. Y ese aviso, la notitia criminis, es indispensable para que los sistemas anticorrupción funcionen.
La notitia criminis es toda información inicial —aun proveniente de una noticia— que coloca en conocimiento de una autoridad la posible comisión de un delito, habilitando su deber de investigar. En este sentido, el periodismo no prueba delitos, pero sí alerta sobre ellos, y por tanto sus publicaciones constituyen material legítimo y suficiente para motivar la apertura de investigaciones preliminares.
El caso Enron ilustra este principio con claridad: un simple artículo de Bethany McLean, preguntando algo tan básico como “¿cómo gana dinero Enron?”, se convirtió en el primer hilo que reveló uno de los fraudes corporativos más grandes de la historia. No fue una demanda. No fue un denunciante interno. No fue un regulador. Fue una noticia.
El caso Watergate reafirma el papel esencial del periodismo como detonante institucional. Sin el trabajo del Washington Post, jamás se habría superado el silenciamiento político. El periodismo fue la fuente primaria para que el sistema judicial se activara. Representa el ejemplo perfecto de cómo funciona la notitia criminis: una señal inicial, externa a las autoridades, que despierta la obligación estatal de investigar.
La noticia periodística no es una sentencia, pero sí una alarma, un punto de partida, una pista. Por eso el título: La notitia criminis.
Daniel Santoro, editor de la sección política del diario Clarín, de Buenos Aires, especializado en casos de corrupción, señaló —en relación con el resultado de la investigación del caso Watergate—:
“Watergate no solo fue importante porque renunció Nixon para evitar un juicio político del Congreso por haber mentido y usado a sus servicios de inteligencia contra periodistas y opositores —práctica que aún ejercen muchos gobiernos latinoamericanos—; también lo fue porque creó la conciencia necesaria que inició el camino del acceso a la información pública”, dice Santoro, quien puntualiza que se trata de avanzar hacia una cultura de transparencia, que abandone la cultura del secretismo heredada de las dictaduras de los setenta, y de gobiernos que entiendan que rendir cuentas de sus actos no es rendir cuentas al periodismo, sino —a través nuestro— a la ciudadanía.
El caso Watergate confirmó lo que desde 1922 había observado el influyente periodista y académico estadounidense Walter Lippmann: “Los medios no dicen a la gente cómo pensar; sí le dicen en qué pensar”.
Conclusiones
La prensa investigativa cumple una función esencial en la detección temprana de posibles actos de corrupción, proporcionando a las autoridades las señales iniciales necesarias para activar los mecanismos legales de investigación.
La notitia criminis reconoce jurídicamente que las noticias, reportajes, investigaciones periodísticas y alertas públicas son fuentes válidas y legítimas para iniciar procesos de verificación y diligencias preliminares.
Los casos Enron y Watergate demuestran que grandes escándalos de corrupción no fueron descubiertos inicialmente por autoridades estatales, sino por periodistas que identificaron inconsistencias, silencios sospechosos y patrones de conducta irregulares.
Atacar a los medios por publicar presuntos actos de corrupción equivale a debilitar un pilar fundamental del control democrático. Por el contrario, aprovechar estas alertas fortalece el Estado de derecho.
La noticia periodística no condena, pero sí enciende la alarma que permite a las instituciones investigar, esclarecer y sancionar. Sin esa alarma, muchos delitos quedarían ocultos y muchos abusos permanecerían impunes.
El autor fue secretario general de la Contraloría y viceministro de la Presidencia
