Panamá vivió recientemente una jornada de duelo nacional que, lejos de promover el recogimiento y el respeto hacia las víctimas, derivó en debates superficiales como la venta de alcohol durante ese día y en la difusión de contenido viral por parte de algunas autoridades locales. Este episodio evidenció la fragilidad de la memoria colectiva panameña, especialmente en temas políticos o históricos, donde parece existir una tendencia al olvido o al deterioro de la memoria. Esta memoria es esencial para fortalecer la identidad social, prevenir futuras violaciones de derechos humanos y consolidar la democracia. Olvidar el pasado implica un riesgo grave, pues permite que hechos traumáticos sean ignorados por nuevas generaciones.
La invasión militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989, la “Operación Causa Justa”, constituye un ejemplo paradigmático: cientos de civiles murieron, barrios enteros fueron destruidos y la soberanía nacional quedó vulnerada. Aunque persisten actos conmemorativos, la ausencia de políticas educativas y de preservación amenaza la transmisión de estos recuerdos, especialmente entre la juventud. La memoria histórica no es solo recordar hechos del pasado; representa un derecho de la sociedad, contribuye a la reparación y sirve para evitar la repetición de violaciones graves. Cuando un Estado pierde o debilita su memoria, se erosiona el tejido social, se altera la identidad nacional y se favorece la impunidad. La invasión de 1989, una de las intervenciones militares más significativas en América Latina durante el siglo XX, demuestra cómo la falta de políticas efectivas de memoria mantiene abiertas heridas históricas.
La Ley 291 de 2022 estableció oficialmente el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, con actos solemnes; sin embargo, estas iniciativas siguen siendo insuficientes. Persisten riesgos de olvido: la verdad histórica continúa incompleta, el tema tiene escasa presencia en los programas educativos y su enseñanza no es obligatoria. Además, solo se ha reconocido una fracción mínima de las víctimas, no existe un museo nacional dedicado al tema y ningún sitio ha sido declarado patrimonio inalienable. Los actos conmemorativos, además, se concentran en la capital, dejando de lado al resto del país.
El derecho comparado ofrece herramientas valiosas para enfrentar traumas colectivos. En España, la Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece mecanismos para investigar crímenes del franquismo, incorpora la memoria en la educación obligatoria, resignifica lugares históricos y reconoce el derecho a la verdad como obligación estatal. En Argentina, tras la dictadura militar, leyes como la 26.085 declararon sitios de memoria —como la antigua ESMA, hoy Patrimonio Mundial Unesco— con protección jurídica, programas educativos y medidas contra el negacionismo. En Colombia, el Acuerdo de Paz de 2016 dio origen a la Ley de Víctimas y a la Comisión de la Verdad, que impulsan museos, archivos orales y políticas educativas orientadas a la no repetición. En Chile, los informes Rettig y Valech, junto con programas de reparación y museos de la memoria, consolidaron un modelo de reconocimiento estatal y reparación integral. En contraste, Panamá se encuentra aún en una fase inicial: cuenta con un día de duelo y una comisión ad hoc, pero carece de una ley integral que articule educación, investigación, protección de sitios y reparación.
La doctrina contemporánea, influenciada por el derecho internacional de los derechos humanos, reconoce el derecho a la verdad como parte esencial de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, conforme a los Principios Joinet/Orentlicher. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reforzado este estándar en casos como Masacres de El Mozote vs. El Salvador, subrayando la obligación estatal de investigar violaciones graves, incluso en contextos de intervención extranjera. Informes de la ONU destacan la memorialización como proceso participativo que fortalece la democracia y previene el negacionismo. Autoras como Elizabeth Jelin, Ruti Teitel y Kathryn Sikkink coinciden en que la negación o minimización de hechos traumáticos constituye una forma de violencia simbólica que perpetúa desigualdades y obstaculiza la reconciliación.
Pese a avances recientes, Panamá aún presenta deficiencias estructurales: ausencia de un marco de justicia transicional, falta de políticas educativas obligatorias sobre la invasión, reconocimiento insuficiente de víctimas civiles, inexistencia de un registro oficial definitivo, debilidad institucional de la Comisión 20 de Diciembre y carencia de sitios de memoria protegidos y de un museo nacional. Estas brechas han permitido que el relato oficial permanezca fragmentado y que la memoria histórica se diluya con el tiempo.
Para enfrentar esta situación, Panamá necesita una política integral de memoria histórica. Una ley inspirada en los modelos de España, Argentina y Colombia debe incluir el reconocimiento oficial de víctimas, la creación de un archivo nacional de la invasión, la protección de sitios, el establecimiento de un museo nacional específico, la prohibición de usos comerciales de lugares de memoria y medidas de reparación simbólica y material. Asimismo, es necesaria una comisión de la verdad con mandato ampliado, facultada para investigar violaciones, establecer cifras oficiales, recomendar reparaciones, gestionar archivos orales y publicar informes periódicos, garantizando su independencia y recursos suficientes. También se requieren memoriales y museos de la memoria, programas de reparación integral, educación obligatoria sobre la invasión en todos los niveles, formación docente especializada y acceso público a archivos y documentos desclasificados. La cooperación internacional, especialmente con organismos como la CIDH, puede fortalecer estos procesos y asegurar su independencia.
La pérdida de memoria histórica no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de omisiones institucionales, disputas políticas y silencios prolongados. La invasión de 1989 sigue siendo un episodio incompletamente procesado. El derecho comparado demuestra que existen modelos eficaces para reconstruir la memoria, reparar a las víctimas y fortalecer la democracia. Panamá tiene la oportunidad y la obligación jurídica y moral de avanzar hacia una política integral de memoria histórica alineada con los estándares internacionales. Solo así podrá cerrarse una herida que, más de tres décadas después, continúa abierta.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
