Intentar revivir la mina de Donoso por la puerta trasera no solo es un error político de proporciones tectónicas; es un monumental disparate jurídico, se ha intentado posicionar una narrativa peligrosa, que el Órgano Ejecutivo podría esquivar el estrado legislativo mediante “fórmulas creativas”, como una Asociación Público-Privada (APP) o una sociedad mixta; sin embargo, la arquitectura constitucional y legal panameña no admite subterfugios o galimatías, el destino de nuestra riqueza minera pasa obligatoriamente por el escrutinio de la Asamblea Nacional y por el mandato popular.
Quienes sugieren que una empresa mixta o una APP liberan al Ejecutivo de someter el negocio al debate legislativo ignoran el texto explícito de nuestra Carta Magna, el artículo 257 constitucional establece sin ambigüedades que los yacimientos pertenecen al Estado, por su parte, el artículo 159, numeral 15, impone la intervención indelegable de la Asamblea para aprobar los contratos que afecten el dominio público u otorguen regímenes fiscales especiales; pretender que una “empresa mixta” eluda este filtro choca contra el numeral 11 del mismo artículo, el cual exige que las normas sobre el régimen arancelario, tasas y empréstitos de empresas con participación estatal sean dictadas exclusivamente por ley. Cambie el Ejecutivo el nombre del contrato o la figura societaria, el fondo sigue siendo la explotación de un recurso inalienable, por lo cual el control del poder legislativo es insoslayable.
Aún si el Ejecutivo pretendiera forzar la interpretación constitucional, el intento naufraga en la legalidad ordinaria, la propia Ley 93 de 2019 de APP y su reglamentación prohíben de forma taxativa el uso de esta figura para la extracción de minerales metálicos.
La APP se diseñó para infraestructura y servicios públicos, no para agotar el subsuelo, a esto se suma la premisa madre que hoy rige el territorio: la Ley 407 de 2023, que declaró la moratoria minera indefinida, bajo la cual, cualquier intento de otorgar o reactivar una concesión minera, es nulo e ilegal. Para hablar de minería en Donoso, primero habría que derogar la moratoria en el hemiciclo legislativo, en esta línea ningún decreto emitido por el Órgano Ejecutivo puede pasar por encima de una ley de la República.
Como si la parálisis legal fuera poco, el gobierno pretende ignorar el componente técnico: la mina de Donoso carece de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) vigente para una eventual reactivación. Operar un yacimiento de esa magnitud con instrumentos obsoletos o mediante “parches” administrativos sin una evaluación científica integral y sin participación ciudadana, invalida cualquier pretensión de legitimidad. Sin un EsIA actualizado, riguroso y sometido a consulta pública, cualquier intento de reapertura nace viciado de nulidad absoluta en el escenario ambiental.
El gobierno debe entender que el histórico fallo de inconstitucionalidad de 2023 y la promulgación de la moratoria minera no fueron meros formalismos jurídicos; fueron la cristalización institucional de una voluntad popular expresada de forma masiva en las calles. Insistir en maniobras leguleyas para eludir a la Asamblea Nacional y reactivar el proyecto a espaldas de la ciudadanía es encender nuevamente la mecha de la convulsión social esta país ya vivió las trágicas consecuencias de la sordera gubernamental a finales de 2023.
Si el Ejecutivo cree genuinamente que la opinión pública ha cambiado respecto a la minería metálica, la única vía democrática, pacífica y transparente no son los comités a puerta cerrada ni los atajos jurídicos, es someter el futuro del modelo de desarrollo a la voluntad soberana del pueblo mediante un plebiscito.
Todo lo demás es jugar con fuego al borde del abismo, la historia reciente nos demuestra que ignorar esta realidad solo agravará la actual crisis política y social, que fractura hoy a nuestra frágil convivencia democrática nacional definitivamente.
El autor es abogado.
