En mi última reflexión publicada en esta columna de opinión, abordé cómo la burocracia puede convertir la honestidad de la población en una desventaja competitiva: requisitos, trámites y tasas que terminan empujando a algunos a permanecer en la informalidad, a abandonar una idea de negocio o, en el peor de los casos, a buscar un atajo mediante un soborno. Mi reflexión concluía cuestionando si nuestros procedimientos ayudan a cumplir la ley o, por el contrario, castigan a quienes intentan hacer las cosas bien.

Quiero rescatar esa idea, pero ir un poco más allá. Ya no se trata únicamente de lo que el Estado puede hacer, sino de si debe hacerlo.

En la mayoría de las ocasiones, la discusión pública no gira alrededor de la legalidad de la actuación, llámese cobrar un impuesto, gravar una actividad o reducir el presupuesto de una institución. Para efectos de este artículo, saquemos ese punto del debate y presumamos la absoluta legalidad de la actuación estatal. La pregunta es otra: porque puede, ¿debe?

No pretendo discutir en estas breves líneas cuál es el nivel de intervención moralmente aceptable del Estado en nuestras vidas. Mi objetivo es defender que, independientemente de que esa intervención sea mucha o poca, no debería terminar empeorando la calidad de vida de la población a la que pretende servir. Y es que una política pública puede pasar todos los filtros de legalidad y aun así fracasar, ya sea en su implementación o en sus resultados. Su conveniencia, eficacia y legitimidad no pueden analizarse desconectadas de la realidad. Las políticas públicas y las actuaciones de la Administración deben poder responder, como mínimo, tres preguntas: ¿para qué?, ¿para quién? y ¿por qué ahora?

Veamos un ejemplo reciente: la discusión sobre gravar productos y servicios digitales. El malestar no parecía provenir de que el Estado tuviera o no la facultad de establecer el impuesto. Las preguntas eran otras: ¿por qué hacerlo ahora?, ¿para qué se necesitaban esos recursos? y ¿qué recibiría la población a cambio? Sobre todo cuando muchas familias sienten que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir sus obligaciones básicas, o cuando un sector, a saber: la clase media asalariada, siente que es el único al que realmente se le cobran los impuestos; ese trabajador que, al ver el desglose de su quincena, no termina de entender a donde va el gran porcentaje que se le descuenta.

La cuestión se vuelve todavía más incómoda cuando quienes ya cumplen sienten que siempre son los primeros llamados a aportar más, mientras el Estado continúa reportando que persisten dificultades para cobrar aquello que ya se adeuda. En buen panameño: ¿por qué me cobras más a mí si todavía no has demostrado que puedes cobrar bien lo que ya te deben? Y agregaría otra: ¿para qué cobrar más si tampoco has explicado suficientemente qué harás con lo que recaudes? Máxime con todos los escándalos de corrupción que han opacado la labor de la Dirección General de Ingresos (DGI) en los últimos meses.

Eso no es necesariamente una oposición al impuesto. Es una exigencia de coherencia y de justificación previa a la adopción de la medida.

Lo mismo ocurre con el Presupuesto General del Estado. Nadie discute que corresponde al Estado distribuir los recursos públicos y establecer prioridades en cuanto al gasto. Los recursos son limitados y priorizar es inevitable. Pero esa priorización también requiere una explicación razonable.

Salud, justicia, transporte y educación inciden directamente en la calidad de vida de la población. Si se decide reducir recursos en alguna de esas áreas, debe existir una buena razón. Lo mínimo es conocerla.

Una persona puede tener cien problemas. Pero cuando se enferma, probablemente pasa a tener uno solo: recuperar su salud. Con la justicia ocurre algo parecido. Mientras no la necesitamos, parece distante. Pero cuando, por los avatares de la vida, tenemos que acudir a ella, por ejemplo, para resolver una sucesión, esa distancia se materializa y lo que antes parecía una estadística se convierte en nuestra realidad.

Así voy concluyendo mi punto: la legalidad responde si el Estado puede actuar. La legitimidad y la eficacia obligan a responder algo más incómodo: para qué lo hace, si la decisión funcionará en la realidad y si puede justificarse ante quienes soportarán sus consecuencias.

Exigir esa explicación no significa desconocer las facultades del Estado ni pretender que renuncie a ejercerlas. Significa recordar para qué existen.

Al final, el criterio debería ser sencillo: después de la intervención del Estado, ¿la población estará mejor o peor que antes?

La autora es miembro de la Fundación Libertad.