Hay momentos en la historia en los que el lenguaje de la ciencia política resulta insuficiente para nombrar la realidad. Calificar a Nicaragua como un «régimen autoritario» es un eufemismo: lo que ha ocurrido es la consumación de una expropiación territorial y humana. La República ha sido borrada del registro del derecho público para inscribirse, en el registro catastral del absolutismo, como la Finca Ortega-Murillo.
Desde la perspectiva del derecho público, un Estado requiere tres elementos constitutivos —población, territorio y gobierno conducido bajo el principio de soberanía y orientado al bien común—, conforme a los criterios formulados en la Convención de Montevideo de 1933. Cuando el poder deja de ser público y se convierte en el dominio patrimonial de una familia, el Estado se desnaturaliza. El desmantelamiento institucional y las recientes reformas a la Constitución Política —que institucionalizan la copresidencia y someten los poderes públicos a una sola voluntad— han consumado la disolución formal de la res publica. El Estado ya no existe; solo existe el patrimonio.
En esta realidad, el despojo no se limita a tierras, empresas y recursos: alcanza la condición humana. Al privar masivamente de su nacionalidad a opositores, académicos, religiosos y periodistas —declarándolos apátridas y confiscando sus bienes—, el régimen ha transformado a los ciudadanos en moradores sometidos al capricho de los nuevos propietarios.
Ante esta metamorfosis surge una interrogante inevitable: si Nicaragua ya no es un Estado, sino una propiedad particular, ¿pueden los demás países mantener relaciones diplomáticas y permitir que esta hacienda continúe ocupando un escaño en los organismos internacionales como si nada hubiera cambiado? La respuesta del derecho y de la ética es negativa: la comunidad internacional debe deslegitimar sus credenciales y actuar en consecuencia.
El mundo, sin embargo, asiste a la tragedia con la inercia hipócrita del «control efectivo». Cancillerías y países vecinos contemplan la ruina de la democracia nicaragüense «como quien ve llover esperando que escampe», al amparo de una prudencia diplomática que roza la complicidad. Se olvida una lección fundamental de la historia continental: el contagio del absolutismo es real. Consolidar una hacienda privada en el corazón del istmo sienta un precedente funesto para la seguridad jurídica y la estabilidad de toda la región.
Nicaragua no es una finca ni sus ciudadanos son siervos de la gleba. Mientras el mundo aguarde a que escampe bajo el alero de la indiferencia, la Finca seguirá extendiendo sus cercas y recordando que la libertad regional se desmorona cuando se tolera la esclavitud del vecino.
El autor es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
