La migración ngäbe-buglé entre Panamá y Costa Rica es un tránsito ancestral que la frontera moderna convirtió en un fenómeno binacional. La reconfiguración de la estructura agrícola durante la década de los noventa terminó de darle un carácter sistemático y multidimensional. Esa misma década trajo un contrapunto. Con la creación de la comarca Ngäbe-Buglé surgió una autonomía territorial. En el caso de Costa Rica, los Ngäbe encabezaron movimientos por el derecho a la ciudadanía, a la identidad y al reconocimiento de territorios propios.
Con los mapas llegaron las cifras. El Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM) registró, en seis años, cerca de 42,995 cruces regulares de trabajadores agrícolas panameños de la comarca para la cosecha de café. Solo entre julio y noviembre de 2025 fueron 9,754.
Detrás de esas cifras hay una crisis humanitaria invisibilizada. Un factor clave es que familias enteras se desplazan juntas, siguiendo el mismo pulso que sus ancestros. Las familias cruzan ríos y montañas como unidad, buscando una mejor vida. Esto cambia por completo el tipo de política pública necesaria. Trasciende la protección del trabajador temporal. Hay que proteger al núcleo familiar que migra completo, con sus necesidades de salud, educación y tareas de cuidado incluidas en el traslado mismo.
La temporada migratoria, de septiembre a febrero, coincide con la crecida de los ríos en la comarca. En 26 años, más de 75 personas (en su mayoría niñas y niños) han muerto intentando cruzar ríos en Kankintú, Mironó y Besiko, los mismos territorios con mayor emigración. Una mujer migrante de Cascabel, en Coto Brus, lo resume con crudeza: “Antes de las muertes en su comunidad, la presencia del Estado era casi inexistente; hicieron falta tragedias para que el gobierno llegara”. En sentido inverso, el Organismo de Investigación Judicial costarricense reportó recientemente el fallecimiento de 19 menores en situación migratoria irregular. Entre 2020 y 2025, el 18% de los migrantes de este flujo eran niños y niñas.
Los matices son claros: no se trata solo de población vulnerable en búsqueda de oportunidades, sino de mano de obra altamente calificada para la recolección del café, oficio que exige destreza y conocimiento ancestral. La caficultura costarricense depende de esta fuerza laboral de forma estructural, no ocasional. Esa dependencia, en realidad, es positiva: revela el valor económico real de la población ngäbe buglé. Reconocer este aporte no puede quedarse en el discurso. Exige contratos dignos, protección social continua y condiciones seguras de traslado y estadía.
La responsabilidad es compartida. El 70% de la niñez de la comarca vive en pobreza extrema y cerca del 94% de sus habitantes carece de seguro social formal en Panamá. En Costa Rica, para la cosecha 2025-2026, el Icafé reportó que 39,608 recolectores recibieron aseguramiento temporal. La diferencia entre ambas cifras retrata, con claridad incómoda, dos países exportando e importando la misma crisis: campamentos hacinados, letrinas, apatridia, barreras documentales y violencia de género que las visitas institucionales no logran contener.
Reconocer esta crisis como binacional y familiar exige salir del abordaje reactivo que consiste en llegar después de la tragedia. Requiere construir trabajo interinstitucional real entre Migración, Salud, Trabajo, Educación y Seguridad Social de ambos países. Un sistema binacional de datos georreferenciados —rutas, crecidas de ríos, campamentos y necesidades— permitiría anticipar dónde y cuándo se concentra el riesgo, en vez de contarlo después en cifras. Es imprescindible integrar esa información en una sola plataforma de decisión conjunta.
En el centro de esa arquitectura deben estar las rutas seguras, el aseguramiento que cubra a quienes acompañan al recolector, la escolaridad, la salud y el cuidado infantil donde la cosecha exige la presencia de los padres.
La comarca Ngäbe Buglé no puede seguir catalogada únicamente como emisora de problemas, ni sus familias reducidas a estadísticas fatales. Panamá y Costa Rica tienen, frente a sí, la oportunidad de convertir una tragedia recurrente en una política binacional ejemplar: una que proteja a la familia migrante como unidad, reconozca su aporte económico real y anticipe el río antes de que vuelva a crecer. Lo que nos deja con la interrogante de si es factible evitar otra tragedia y si ambos países tendrán la voluntad de impedir que ocurra.
El autor es estudiante de psicología y egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2025.
