Panamá se encuentra en una encrucijada histórica. Dos visiones de país compiten por definir el futuro: una, anclada en la seguridad hídrica y el desarrollo humano, cuyo símbolo es el proyecto del lago de río Indio; la otra, una apuesta por la minería, actividad que plantea importantes desafíos ambientales y sociales. Mientras nuestro principal activo estratégico, el Canal, enfrenta los efectos de una creciente variabilidad climática, el país debe decidir cómo armonizar sus aspiraciones de crecimiento económico con la protección de los recursos naturales de los que depende su desarrollo.

Río Indio: proyecto de nación

En abril de 2025, publiqué en La Prensa un artículo titulado “Represa del río Indio: propuesta para un modelo de desarrollo integral para Panamá”. Allí sostuve que la construcción de esta represa no debe ser vista como una obra de ingeniería aislada, sino como una oportunidad histórica para transformar una región empobrecida y olvidada. La inversión estimada de cerca de $3,000 millones debe estimular un desarrollo integral que incluya educación de primer mundo, salud, viviendas dignas y empleo.

Esta visión de desarrollo integral, que en su momento parecía una utopía, hoy se revela como una respuesta necesaria ante los desafíos del país. Los expertos han advertido durante años sobre la urgencia de fortalecer la seguridad hídrica.

Rodolfo Sabonge, exvicepresidente de Planificación de la ACP, nos recuerda en un reciente análisis que la necesidad de fortalecer la seguridad hídrica fue identificada en el Plan Maestro de 2006. “El fenómeno de El Niño no creó esta vulnerabilidad; la está haciendo nuevamente visible”. Advierte que el verdadero riesgo no es que vuelva El Niño, sino “esperar hasta que ambas cosas ocurran para comenzar a pensar qué hacer”.

Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal, ha sido más contundente: “Río Indio no se puede postergar. Río Indio tenemos que hacerlo, tenemos que agilizarlo”. Según sus cálculos, el nuevo reservorio podría aportar agua equivalente a 12 tránsitos diarios adicionales.

El Canal: su confiabilidad debe fortalecerse

La contribución del Canal a las finanzas públicas panameñas es sustancial. En el año fiscal 2025, la ACP transfirió al Tesoro Nacional la cifra récord de $2,965 millones, cerca de $500 millones más que el año anterior. La minería también llegó a tener un peso importante en la economía nacional durante los años de mayor producción de Cobre Panamá, pero su paralización evidenció la vulnerabilidad de una actividad concentrada en un solo gran proyecto.

Más que comparar ambas actividades mediante indicadores distintos, la discusión debe centrarse en una realidad estratégica: la confiabilidad del Canal depende de contar con suficiente agua para atender tanto el consumo de la población como sus operaciones. La pregunta es, entonces, qué decisiones garantizan mejor ese recurso y la sostenibilidad de uno de los principales activos del país.

La vulnerabilidad quedó demostrada durante la crisis hídrica de 2023-2024, cuando las restricciones provocadas por la sequía redujeron la capacidad de tránsito de la vía. Este episodio reforzó la necesidad de fortalecer a largo plazo su seguridad hídrica.

La geografía de la lluvia y la deforestación

La dimensión económica es solo una parte de la ecuación. La otra, igual de crucial, es el impacto ambiental y la disponibilidad del recurso más vital para el Canal y el país: el agua.

La cuenca del Canal, que abastece los lagos Gatún y Alhajuela, depende de un régimen de lluvias que está sujeto a importantes variaciones. Los bosques y las condiciones del territorio desempeñan un papel fundamental en la protección de las fuentes de agua y los ecosistemas.

Aquí es donde actividades que implican una transformación significativa del territorio, como la minería a cielo abierto, exigen especial atención. La remoción de cobertura vegetal y las alteraciones del suelo pueden modificar la dinámica hídrica de las áreas intervenidas y aumentar riesgos de erosión, sedimentación y contaminación.

La eliminación del bosque puede reducir la capacidad de infiltración del suelo y aumentar la escorrentía superficial. Esto significa que una mayor cantidad de agua de lluvia puede desplazarse rápidamente por la superficie, arrastrando sedimentos y otras sustancias hacia los cauces.

Estos efectos adquieren particular relevancia durante fenómenos climáticos como El Niño, cuando disminuyen las precipitaciones y aumenta la presión sobre las reservas disponibles. Por ello, cualquier decisión sobre grandes proyectos productivos debe considerar rigurosamente sus posibles efectos sobre las fuentes de agua y los ecosistemas.

La disyuntiva: decisión de país

La discusión sobre el futuro de la minería y el desarrollo del proyecto de río Indio no debería plantearse únicamente en términos de ingresos inmediatos. Panamá necesita establecer con claridad cuáles son sus prioridades estratégicas de largo plazo y bajo qué condiciones pueden coexistir distintas actividades económicas sin comprometer recursos esenciales.

El Canal es uno de los pilares del Estado panameño. Su capacidad para continuar generando ingresos y prestando un servicio fundamental al comercio mundial depende, entre otros factores, de que se garantice su seguridad hídrica.

El río Indio constituye una de las principales respuestas a ese desafío. Es una obra destinada a ampliar la disponibilidad de agua para la población y contribuir a la sostenibilidad de las operaciones del Canal durante las próximas décadas.

La minería, por su parte, plantea una discusión distinta. Su eventual reactivación exige evaluar con rigor sus beneficios económicos, sus costos ambientales y sociales y, especialmente, las garantías necesarias para evitar que una actividad extractiva comprometa recursos estratégicos para el país.

Conclusión: el agua no espera

El momento que vive Panamá es de definiciones. Las advertencias de Sabonge y Quijano apuntan hacia una misma realidad: el agua no espera. El proyecto de río Indio no es simplemente una opción de infraestructura, sino una respuesta a una necesidad estratégica. Su ejecución, si se hace con un enfoque de desarrollo integral, puede no solo contribuir a resolver el desafío hídrico, sino también sentar un precedente de planificación y justicia social.

El proyecto ya ha sido establecido como una prioridad para la seguridad hídrica del país. El desafío ahora es ejecutarlo con la urgencia, transparencia y responsabilidad que exige una obra de esta magnitud, garantizando al mismo tiempo los derechos y el bienestar de las comunidades afectadas.

Panamá puede discutir legítimamente cuál debe ser el papel de la minería en su futuro económico. Lo que no debería ponerse en riesgo es el recurso del que dependen la población, el Canal y buena parte de nuestra economía.

El timón está a la mano. Hay que girarlo con firmeza hacia la seguridad hídrica, la planificación estratégica y el desarrollo integral.

El autor es práctico del Canal.