La tragedia haitiana dejó de ser un dilema ético para convertirse en el epicentro de un debate geopolítico decisivo para las Américas. Con gran parte de Puerto Príncipe bajo el dominio de alianzas criminales como “Viv Ansanm”, el colapso institucional en Haití expone el fracaso de las recetas tradicionales de pacificación. Existe un consenso generalizado en calificar a Haití de “Estado fallido”. Sin embargo, esa etiqueta no justifica el desentendimiento: la quiebra institucional haitiana es una corresponsabilidad de todos los actores hemisféricos. Después de todo, Haití —nuestro ‘Estado fallido’ del Sistema Interamericano— es un miembro fundador del sistema interamericano, de la OEA y de la ONU. Frente a este caos, a región se debate entre dos modelos contrapuestos: la diplomacia de contención de la “Doctrina Donroe” y el paradigma de la seguridad multidimensional. De cómo se resuelva esta tensión dependerá que el país encuentre un rumbo o quede atrapado en una espiral de violencia permanente.

Por un lado, reaparece con fuerza una visión neorrealista y coercitiva para gestionar la situación. Diversos analistas la denominan la “Doctrina Donroe”, en referencia al retorno de viejos postulados de control hemisférico adaptados al siglo XXI. Bajo este prisma, la prioridad no es reconstruir el tejido social de la primera república independiente de América Latina, sino contener sus efectos colaterales: sellar fronteras, frenar la migración irregular, combatir el crimen transnacional y evitar que potencias rivales aprovechen el vacío geopolítico. La respuesta bajo esta lógica suele ser unilateral, inmediatista y centrada en la fuerza.

Sin embargo, la historia reciente demuestra que la contención armada tiene un techo muy bajo. Aunque las iniciativas multinacionales y los refuerzos a la Policía Nacional de Haití intentaron frenar el avance de las bandas, el desplazamiento forzado y la violencia no han dejado de crecer. La presencia policial o militar puede congelar temporalmente una línea de combate urbano, pero no genera gobernanza en un territorio donde el Estado no existe.

En contraposición, se ubica el enfoque de seguridad multidimensional, consolidado en la OEA desde 2003. Este modelo desplaza el eje estrictamente militar para colocar en el centro la seguridad humana: la protección efectiva de la vida, la dignidad y el acceso a condiciones mínimas de subsistencia. Analizar la crisis haitiana desde esta perspectiva exige reconocer que los grupos armados no surgieron en un vacío; son el resultado de décadas de corrupción política, impunidad, un flujo incesante de armas desde el exterior y la falta absoluta de oportunidades para millones de jóvenes.

Sin soslayar la prospectiva de largo plazo, cabe preguntarse qué se puede hacer en el presente inmediato para desescalar la conflictividad y generar un mínimo de gobernabilidad territorial. La respuesta exige abandonar los extremos: ni el choque geopolítico de la fuerza bruta ni la parálisis de la diplomacia de escritorio darán resultados en el corto plazo.

Una salida negociada viable hoy descarta la impunidad de los cabecillas criminales y exige un proceso multinivel: en lo inmediato, respaldar a la sociedad civil —iglesias, movimientos de base y coaliciones patrióticas como el “Acuerdo de Montana”, consenso ciudadano firmado en 2021 para restablecer la gobernabilidad y la soberanía mediante una transición democrática— para abrir corredores humanitarios, pactar ceses del fuego focalizados y aplicar programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) para la juventud; a escala internacional, exige cortar el tráfico de armas y asfixiar las redes financieras que sostienen la violencia, entre otras acciones.

Es en este punto donde el papel de Panamá adquiere relevancia en el ámbito multilateral. Al ocupar un escaño como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2025-2026) y ejercer el liderazgo como corredactor (‘co-penholder’) de las resoluciones sobre Haití junto a Estados Unidos. Efectivamente, mediante la Resolución 2793, adoptada el 30 de septiembre de 2025 a propuesta de Estados Unidos y Panamá, se estableció la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití. En ella se autorizó el despliegue de hasta 5,500 efectivos (policiales/militares) y 50 civiles por un periodo inicial de 12 meses, con mandato renovado hasta marzo de 2027. Su objetivo es ejecutar operaciones de inteligencia autónomas o conjuntas para desarticular bandas armadas y recuperar el control territorial en Haití. Corresponde a nuestro país utilizar su peso en el Consejo de Seguridad para recordar la corresponsabilidad regional y articular mandatos que vinculen el uso de la fuerza con garantías de seguridad humana, facilitación política interna y un régimen de sanciones efectivo contra las élites que financian el caos.

Para Panamá y la región, la crisis haitiana no es ajena: las fracturas del Caribe impactan de lleno en la frontera del Darién. Insistir en la contención militar de la “Doctrina Donroe” solo pospondrá el colapso. La pacificación de Haití exige abandonar los muros defensivos y asumir una responsabilidad compartida que restituya la gobernanza territorial y proteja la dignidad y la seguridad sostenible de su gente.

El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional.