Como ciudadano y político, me he caracterizado por la firmeza de mis convicciones y por defender siempre los principios fundamentales de la democracia.

Haber ocupado una curul en la Asamblea Nacional no me amordaza ni limita mi opinión sobre las reformas electorales; muy por el contrario, mi paso por ese órgano del Estado es un expediente abierto y, en consecuencia, me obliga a hablar y a no quedarme callado. Quienes se sienten vulnerados por la verdad y ahora pretenden callarnos con descalificativos están muy equivocados. Hoy tengo la misma autoridad moral para volver a alzar mi voz y compartir algunas apreciaciones sobre disposiciones del Proyecto de Ley 699 que considero lesivas y abusivas.

Mis críticas a este mamotreto de reformas no nacen del oportunismo ni de las circunstancias del momento, sino de la misma convicción con la que voté en contra en octubre de 2021, desde la Comisión de Gobierno. Ese voto me permitió sustentar ante el Pleno mi informe de minoría. Aunque al final las reformas fueron aprobadas con 50 votos a favor y seis en contra —los de los diputados Pedro Torres, Yesenia Rodríguez, Edison Broce, Raúl Fernández, Juan Diego Vázquez y el mío—, pudimos exponer desde aquella tribuna pública nuestra preocupación y oposición a los exabruptos de la reforma.

En el presente, lo que debió ser un ejercicio de madurez institucional para blindar las reglas del juego de cara a los comicios de 2029 se ha convertido, por obra y gracia de la Comisión de Gobierno, en un burdo y descarado mercado de libre oferta y demanda. La semana pasada, aprobaron en primer debate una componenda orquestada, con más de 50 modificaciones al proyecto original, todas diseñadas exclusivamente para perpetuar el privilegio, ahogar la disidencia independiente y garantizar la impunidad financiera de los partidos tradicionales.

En primer lugar, han consumado el ataque sistemático y directo contra la libre postulación y las candidaturas independientes al elevar del 2 % al 3 % el requisito de firmas de respaldo para los aspirantes independientes a puestos de elección popular. Pretenden ponerle un cerrojo al paso de voces frescas que, en las últimas elecciones, han demostrado que se puede hacer política decente sin venderle el alma al diablo. Por otro lado, y no contentos con aumentar las barreras de entrada, introdujeron modificaciones absurdas para impedir que los candidatos de libre postulación formen listas coordinadas en circuitos plurinominales, obligándolos a competir de manera fragmentada e individual. Es una estrategia perversa de «divide y vencerás», financiada con los recursos públicos de todos los panameños a través de un incremento del subsidio electoral.

En segundo lugar, la voracidad económica de los colectivos tradicionales ha quedado plasmada en la distribución del financiamiento público preelectoral. Adjudicarse el 93 % de estos fondos para repartirlos entre ellos es un acto de desvergüenza. En un Panamá golpeado por la crisis económica, donde los hospitales carecen de insumos y las escuelas públicas claman por mejor infraestructura, la prioridad fue inyectar millones a la maquinaria clientelar de los partidos. Peor aún, flexibilizaron los topes del financiamiento privado, permitiendo que una campaña presidencial reciba hasta 10 millones de dólares y que las campañas para diputaciones alcancen techos de hasta 500 000 dólares. Esto no es democracia; muy por el contrario, es la antesala de una plutocracia legalizada, donde el mejor postor podrá comprar su curul y se abrirán de par en par las puertas para que el dinero sucio de la corrupción, del crimen organizado y de la narcopolítica penetre con total impunidad en las estructuras del poder público. También ampliaron el plazo para que los partidos presenten sus informes de gastos de campaña, de 30 a 90 días hábiles, y añadieron otro de 60 días para subsanar las inconsistencias detectadas.

En tercer lugar, aprobaron una nueva reforma que permite que un candidato electo para dos cargos distintos conserve la titularidad de ambos de forma simultánea. Ahora, mediante una «licencia sin sueldo», apuestan a la permanencia temporal de sus suplentes, mientras el principal mantiene el control político en múltiples cargos. Es la consagración del nepotismo y de la acumulación de poder en una sola persona o en su familia.

Y, como ñapa, el remiendo establece que las elecciones internas de las directivas partidarias se realicen mediante nóminas cerradas, aplicando el principio mayoritario o del «principado», en virtud del cual la nómina ganadora se adjudica la totalidad de los cargos y borra la representatividad de las minorías internas.

En cuarto lugar, remataron ampliando el fuero penal electoral a los dirigentes de los partidos, lo que limita los esfuerzos por reducir esta figura, señalada como un escudo de impunidad frente a las investigaciones comunes.

Se me olvidaba mencionar que este «Frankenstein jurídico» también alteró, mediante otro proyecto de ley aprobado en tercer debate, la configuración de los circuitos electorales para complacencia de los propios legisladores. Por ejemplo, el circuito 1-1 deja de ser binominal y pasa a comprender exclusivamente el distrito de Changuinola, mientras que el nuevo circuito 1-2 abarca los distritos de Bocas del Toro, Almirante y Chiriquí Grande, así como la comarca Naso.

Fortalecer los procesos democráticos no es un capricho técnico ni una discusión abstracta; es el único escudo real que posee un país para garantizar la paz social, la justicia y el desarrollo equitativo. Una democracia robusta exige reglas del juego claras, transparentes y, sobre todo, legítimas, en las que el poder emane verdaderamente de la voluntad popular y no de los hilos que mueven unos cuantos.

Quienes convaliden este mamotreto de reformas electorales estarían avalando un retroceso lesivo y de consecuencias nefastas para la institucionalidad democrática. Cada zarpazo contra la libre postulación, cada aumento desproporcionado de los topes del financiamiento privado y cada artimaña legal para acumular cargos públicos se convierten en veneno que carcome los cimientos y la credibilidad del sistema. No estamos ante un simple debate de leyes; estamos ante un peligroso intento de secuestro institucional perpetrado por una cúpula que prefiere cambiar las reglas a su antojo, a última hora, antes que someterse a un escrutinio justo.

Permitir este atropello es abrirle la puerta a la frustración social, a la impunidad del dinero sucio y a la consolidación de una plutocracia feudal. Frente a esta infamia legislativa, el silencio es complicidad. Toca cerrar filas como país, levantar la voz de manera firme y recordarles a quienes hoy legislan que la democracia no se vende ni se negocia; le pertenece al pueblo y debe servir a los intereses de la nación.

El autor es exministro de Trabajo y exdiputado de la República.