A 33 años de la invasión de Estados Unidos (EU) a Panamá para arrestar a Manuel A. Noriega y desmantelar las Fuerzas de Defensa, convertidas en un cártel criminal que aseguraba el control del poder político por el narcodictador, creo oportuno hacer una fría evaluación de aquel hecho histórico, y sus consecuencias.
Luego de asumir el poder real del país en 1983, Noriega comenzó a tener problemas con Estados Unidos. En 1986, el Senado aprobó una resolución para que Panamá sacara a Noriega de las Fuerzas de Defensa y lo investigara por fraude electoral, el asesinato de Spadafora y tráfico de drogas. Noriega respondió alegando que era una estrategia para sacarlo de la escena política y renunciar al cumplimiento del Tratado. Y comenzó a atacar a EU y a organizar acciones de protesta, al tiempo que iniciaba el sostenido hostigamiento contra tropas estadounidenses acantonadas en Panamá.
La contradicción se había acentuado desde 1985, cuando Noriega forzó la renuncia del presidente Nicolás Ardito Barletta, por haber ordenado investigar el asesinato de Hugo Spadafora, y la del vicepresidente Eric Delvalle. En su reemplazo designó al ministro de Educación Manuel Solís Palma, que ejerció el cargo hasta el 30 de agosto de 1989. El 14 de febrero de 1988 un tribunal de Miami anunció el enjuiciamiento de Noriega. Lo acusaba primero, de haber utilizado su cargo de jefe de inteligencia de las Fuerzas de Defensa y, después, el de comandante de las Fuerzas de Defensa para recibir pagos, especialmente, del cártel de Medellín, para las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero desde Panamá. Estados Unidos también lo acusaba de violar el compromiso emanado de los tratados de retirar a las fuerzas armadas del poder político para devolverlo a los civiles, vía una democracia funcional.
La situación alcanzó nivel de crisis cuando Noriega intentó ejecutar un fraude contra el triunfador en las elecciones presidenciales de mayo de 1989, la nómina encabezada por Guillermo Endara, e integrada por Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. Ante la reacción de la ADO-Civilista, que apoyaba a la nómina ganadora, y el respaldo de los observadores internacionales, el Tribunal Electoral anuló las elecciones.
El Consejo de Estado (creado por Noriega) designó como presidente a Francisco Rodríguez, y disolvió la Asamblea Nacional para revivir la antigua Asamblea de Representantes. Obviamente siguiendo instrucciones de Noriega, la Asamblea aprobó una resolución el 15 de diciembre de 1989 en la que denunciaba supuesta agresión de EU y declaraba un “estado de guerra” contra ese país. Además, procedió a declarar a Noriega “Líder Máximo”. Todos estos hechos eran seguidos por el gobierno norteamericano. La violencia verbal se dirigía no solo contra Washington, sino contra las fuerzas armadas de ese país en Panamá.
El 16 de diciembre en la noche, cuatro oficiales estadounidenses que retornaban a su base pasaron por el cuartel de las Fuerzas de Defensa, y al negarse a parar para ser requisados, fueron atacados a tiros mientras emprendían la fuga. Tres resultaron heridos y el cuarto, el teniente Robert Paz, falleció en el Hospital Gorgas. Todos estos hechos eran reportados tanto al Comando Sur, como al Secretario de Defensa, Dick Cheney, quien mantenía al tanto al Estado Mayor Conjunto, según detalla el documento “Operación Causa Justa”, del Comando Conjunto, en Washington.
Temprano el 17 de diciembre se reunieron en el Comando Sur el general Max Thurman y el general William Hartzog con otros oficiales, para analizar las opciones: 1) No hacer nada, 2) capturar a Noriega en una operación relámpago, o 3) ejecutar la Operación Cuchara Azul (Blue Spoon). Esa mañana, se recomendó la Operación Cuchara Azul al general Colin Powell, quien luego de discutirla con dos generales, la propuso al presidente George Bush, quien la aprobó, pero bajo el nombre estratégico de “Operación Causa Justa”.
La operación buscaba: 1) Proteger la vida de más de 30,000 estadounidenses que vivían en Panamá; 2) proteger la integridad del Canal y los 142 sitios de defensa; 3) ayudar a la oposición política a establecer una auténtica democracia, y 5) capturar a Noriega y llevarlo a la justicia. Curiosamente, la operación falló en proteger al Canal, pues no le avisaron oportunamente al administrador del Canal, D.P. McAuliffe. Al respecto, McAuliffe declararía después ante el Congreso al debatir el fallido proyecto para pasar la supervisión del Canal del Departamento de Defensa a la Secretaría de Transporte:
“El Departamento de Defensa, todo lo ve desde el punto de vista militar. A mí no me informaron de la invasión sino media hora antes de su inicio. De haberlo sabido antes, no hubiera autorizado el tránsito de un barco cargado de explosivos que estaba en ese momento en las esclusas. Solo la suerte y, únicamente la suerte, impidió que uno de los cohetes que se dispararon hubiera hecho blanco en el barco y provocara su explosión”.
La invasión se ejecutó, conforme había sido programada para primera hora del 20 de diciembre, con los resultados desastrosos que todos conocemos. Aunque se eliminó del escenario al dictador y sus secuaces, los daños para Panamá fueron enormes, y muy escasa, sino nula, la asistencia dada por EU. ¿Era necesaria la invasión? Comparto la opinión que al respecto dio el exadministrador del Canal, Fernando Manfredo, en sus memorias, “La transición del Canal a Panamá, 1979-1990″: “la invasión fue lo peor que le pudo pasar a Panamá”.
El autor es periodista
