El sistema tributario en Colombia ha estado en el centro de acalorados debates en las últimas décadas, y el impuesto a la riqueza destaca como uno de los temas más polémicos. Este impuesto fue concebido inicialmente como una medida temporal para hacer frente a las diversas situaciones económicas que ha afrontado el país hermano y como medio para fomentar el bienestar social, pero ha suscitado un fuerte descontento en diversos sectores de la población. Es crucial evaluar no solo su funcionamiento, sino también el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos, en especial de aquellos jubilados que, tras años de esfuerzo, se ven obligados a reconsiderar su situación fiscal y evaluar migrar del país como medio no de ahorro fiscal, sino por sobrevivencia. Acá destacó que un impuesto, por más necesitadas que están las finanzas de determinado país, no puede ser confiscatorio y que, en razón de ello, llegue a erosionar el patrimonio del contribuyente.
El impuesto a la riqueza en Colombia, formalmente llamado “impuesto sobre el patrimonio”, aplica a individuos y entidades que superan un patrimonio neto establecido. La tasa varía según el monto del patrimonio y su objetivo declarado es financiar el gasto público, reducir la desigualdad y promover programas sociales. Sin embargo, su implementación ha sido considerada por muchos como confiscatoria, sobre todo para quienes han edificado sus bienes a lo largo de toda su vida laboral.
La naturaleza confiscatoria de este impuesto se refleja en la percepción de que el Estado, al apropiarse de una parte significativa de los ahorros, asume un papel intrusivo en la economía de sus ciudadanos. Para muchos jubilados, este gravamen no solo representa una disminución de sus ingresos, sino que también pone en riesgo la estabilidad de su patrimonio acumulado tras años de esfuerzo y dedicación. Aunque el impuesto a la riqueza en Colombia afecta a una amplia base de contribuyentes que, a lo largo de su vida, han soportado una de las cargas tributarias más altas del mundo, según datos de la OCDE, resulta especialmente preocupante que personas en etapa de retiro, con ingresos limitados y fijos, deban enfrentar un mecanismo que reduce aún más su capacidad de vivir con dignidad.
Ante esta realidad se ha hecho evidente que numerosos colombianos, en su mayoría con un nivel socioeconómico medio y alto, buscan alternativas fuera del país. En particular, naciones con sistemas fiscales más favorables que permiten una mejor administración de su patrimonio, sin que esto conlleve a una confiscación. Países como Panamá, Uruguay y algunas jurisdicciones en Europa son frecuentemente mencionados, ya que, aunque cuentan con impuestos sobre la renta, no imponen cargas tan asfixiantes como el impuesto a la riqueza en Colombia.
La fuga de capitales y la búsqueda de residencias fiscales más favorables son respuestas naturales ante lo que se considera una carga impositiva excesiva. Esto podría tener repercusiones negativas en la economía colombiana, al observar cómo ciudadanos eligen abandonar el país que, teóricamente, debería ser su hogar y donde han contribuido durante años al desarrollo económico y social. A largo plazo, esta tendencia puede profundizar la desigualdad, dado que solo aquellos con recursos suficientes podrán permitirse la movilidad fiscal.
Es esencial que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo de Colombia reflexionen sobre la estructura de su sistema impositivo. Las políticas fiscales deben ser justas y sostenibles, y no concebidas como un castigo para quienes han acumulado riqueza de forma legítima. Se hace imprescindible un diálogo nacional que contemple un enfoque más equilibrado, donde se busque no solo asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado, sino también fomentar el crecimiento, el emprendimiento y la inversión en el país.
En definitiva, el impuesto a la riqueza en Colombia no solo es una cuestión de recaudación fiscal, sino también de justicia social. La búsqueda de un sistema justo debe ser un principio fundamental en la configuración de cualquier sistema tributario. El Estado Colombiano debe hallar formas más justas que eviten que sus ciudadanos busquen refugio en otras naciones, y que, al mismo tiempo, garanticen el bienestar de todos los colombianos, sin comprometer el patrimonio de aquellos que han trabajado arduamente para conseguirlo.
El autor es Country Managing Partner – EY.