En Panamá, el trato que reciben las personas procesadas por la justicia alimenta la percepción de que el apellido y la posición social pesan. Mientras hay personas de barrios populares que cumplen condenas en condiciones paupérrimas, algunos investigados por presuntos desfalcos millonarios al Estado afrontan el proceso desde su casa.

La justicia pierde credibilidad cuando actúa con rapidez en unos casos y deja que otros se prolonguen sin una resolución. Esa diferencia merece examinarse, sobre todo cuando están en juego recursos públicos.

El arresto domiciliario es una medida cautelar. Cumplirla en una residencia con todas las comodidades pone de relieve una diferencia material que la ciudadanía percibe. Por eso importa que los jueces expliquen qué razones justifican la medida en cada caso y que su aplicación pueda fiscalizarse.

El artículo 19 de la Constitución panameña establece que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Ese principio debe reflejarse en la forma en que se tramitan los procesos y se ejecutan las condenas. Quien dispone de recursos para sostener una defensa prolongada tiene derecho a ejercerla. Al Estado le corresponde tramitar los casos con diligencia y resolverlos en plazos razonables.

También merecen escrutinio los beneficios que pueden concederse a quienes colaboran con una investigación. Si un funcionario aporta información o devuelve parte del dinero, las autoridades deben explicar qué aportó esa colaboración al caso, cuánto se recuperó y qué beneficio se concedió.

Cuando la ciudadanía percibe que las reglas se aplican de manera desigual, se debilita su confianza en las instituciones encargadas de resolver los conflictos. Fortalecer la justicia exige que las decisiones sean oportunas, estén motivadas y puedan ser examinadas.

Si los panameños decidimos abrir el debate sobre una nueva Constitución, uno de los puntos que debemos discutir es cómo evitar que el paso del tiempo impida juzgar los delitos de corrupción. Propongo que la nueva Carta Magna establezca su imprescriptibilidad y que el debate precise a qué delitos se aplicaría.

La reforma debe ir acompañada de investigaciones diligentes y juicios oportunos. Si una persona investigada sale del país o el proceso se prolonga, el paso del tiempo no debería impedir que un tribunal examine las pruebas y determine si hubo responsabilidad.

El autor es sociólogo y docente panameño.