Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el “abuso” en los costos del Canal de Panamá demuestran un claro desconocimiento histórico y un intento de politizar un activo estratégico que opera bajo principios de neutralidad y competitividad internacional. En respuesta, el presidente José Raúl Mulino reafirmó con firmeza que el Canal y su zona adyacente son patrimonio exclusivo de Panamá, un derecho irrenunciable garantizado por los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que culminaron con la transferencia plena de la soberanía el 31 de diciembre de 1999. Desde su transferencia, el Canal ha sido gestionado por panameños con un compromiso ejemplar hacia la eficiencia y la transparencia, beneficiando tanto al comercio global como a la economía nacional. Las tarifas, ajustadas a las condiciones del mercado, responden a una dinámica internacional en constante evolución, no a intereses políticos. Este tipo de expresiones populistas, que desvían la atención de los problemas internos en Estados Unidos, deben ser rechazadas con firmeza. Panamá debe mantenerse unida en la defensa de su soberanía y en la legitimidad del Canal como un modelo de gestión eficiente. Además, América Latina y las instancias multilaterales deben mostrar solidaridad ante cualquier intento de injerencia en la soberanía panameña.
Opinión