La reciente entrega del convenio entre el Ministerio de Educación y la fundación One Laptop Per Child a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional llega tras una serie de negativas y trabas por parte de la ministra de Educación. Después de meses de espera y reiterados intentos de este medio por obtener el documento, su entrega al final en otro foro parece una jugada casi caprichosa, que contradice el espíritu de la ley de transparencia. El convenio en cuestión, que dista de representar un riesgo para la seguridad nacional, debería haber sido de acceso público desde el inicio. Los funcionarios que ocupan puestos de alta responsabilidad tienen la obligación de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos. La transparencia no es una opción, sino un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana. Ocultar información genera sospechas y erosiona la credibilidad, especialmente en instituciones tan vitales como el Ministerio de Educación. La transparencia es esencial para construir un país donde la rendición de cuentas sea la norma, no la excepción.
Opinión