La falta de pagos de Panama Ports Company (PPC) al Estado durante los últimos tres años pone en evidencia un grave incumplimiento de responsabilidades, exacerbado por la falta de transparencia en la administración de los recursos. La justificación de un adelanto de $35 millones realizado durante el gobierno de Laurentino Cortizo no solo carece de claridad sobre su destino, sino que también deja entrever una gestión financiera cuestionable en un tema de alta relevancia para la economía nacional. Es alarmante que, a pesar de haber renovado la concesión en 2022 por 25 años más, la administración pasada no haya exigido el cumplimiento de los términos contractuales establecidos. La falta de controles adecuados durante la gestión de Cortizo contribuye a este desajuste fiscal, afectando directamente las finanzas públicas del país. Es imperativo que el gobierno actual y las autoridades competentes actúen con firmeza para garantizar que PPC cumpla con sus obligaciones. Además, se requiere publicar la auditoría de PPC que la Contraloría utilizó para justificar la extensión del contrato y que, en su momento, se negó a divulgar, garantizando así la transparencia que el pueblo panameño merece.
Opinión