La presentación del presupuesto del sector público no financiero para 2025, con 21 mil millones de dólares destinados a funcionamiento y 5 mil millones para inversión, marca un hecho histórico al ser significativamente menor que el de 2024. Este recorte envía una señal positiva tanto a las agencias calificadoras como a los ciudadanos, ya que refleja un compromiso con la responsabilidad fiscal. Sin embargo, no podemos ignorar que, aunque el presupuesto global ha disminuido, los gastos siguen siendo elevados en comparación con la inversión. Gran parte de estos 21 mil millones en gastos están vinculados a leyes especiales y a un abultamiento excesivo de la planilla estatal, lo que no se traduce en mejoras tangibles para la calidad de vida de los panameños. Es crucial revisar estos excesos, ya que limitan la capacidad del gobierno para destinar más recursos a proyectos de infraestructura y servicios esenciales. Aplaudimos este primer paso y confiamos en que la Asamblea apoye este esfuerzo. Tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo deben hacer los ajustes necesarios para optimizar el uso de los recursos del Estado, priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía.
Opinión