El nuevo procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, enfrenta un reto monumental: avanzar en una extensa lista de investigaciones sobre corrupción y crimen organizado. Desde irregularidades en el Ifarhu y desvíos en fondos de descentralización hasta narcotráfico en puertos y los ecos del caso Odebrecht, cada expediente refleja la complejidad del panorama actual. El desafío no solo radica en investigar, sino en recuperar la confianza ciudadana. La percepción de impunidad, alimentada por la falta de sanciones ejemplares contra figuras de poder, erosiona la democracia y fomenta el escepticismo. El país necesita acciones contundentes que demuestren que la justicia es imparcial y efectiva. Panamá demanda una justicia efectiva y oportuna, que persiga a los responsables, sin importar su influencia. Solo así podremos avanzar hacia un Estado más transparente y una sociedad donde impere la ley.
Opinión