Con una deuda pública que alcanza los 53 mil 809 millones de dólares al cierre de octubre de 2024, Panamá enfrenta una encrucijada económica que amenaza el bienestar de todos sus ciudadanos. Las leyes especiales, los aumentos automáticos y los gastos innecesarios han creado un gasto público rígido que perpetúa déficits crecientes. Esta situación no solo compromete nuestra estabilidad económica, sino que también restringe la inversión en salud, educación y seguridad, pilares fundamentales para una sociedad equitativa. Es hora de que el gobierno predique con el ejemplo, eliminando privilegios injustificados como dietas, choferes, viáticos y sueldos desproporcionados para altos funcionarios. Además, es crucial revisar subsidios e “incentivos” que no priorizan el interés nacional y terminan favoreciendo agendas particulares. Cada puesto estatal debe responder a una función específica, evitando duplicidades y garantizando la eficiencia en la gestión pública. El momento de actuar es ahora. La sostenibilidad de nuestras finanzas públicas no solo define el presente, sino que marca el rumbo para las próximas generaciones. La austeridad responsable y la transparencia en la asignación de recursos son el único camino hacia un Panamá más justo y próspero.
Opinión