El poder legislativo, representado en la Asamblea Nacional, es un pilar fundamental del sistema democrático. Sin embargo, en Panamá, este órgano ha sido escenario de numerosas controversias que cuestionan su capacidad para cumplir con la responsabilidad de velar por los intereses de las mayorías. La falta de mecanismos efectivos que limiten la discrecionalidad de los diputados, especialmente cuando enfrentan conflictos de interés, como ha ocurrido recientemente, genera una profunda desconfianza en la institucionalidad del Estado. Esta situación se agrava en un contexto donde el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las estructuras gubernamentales, minando la capacidad del Estado para actuar con transparencia y justicia. Los diputados, como principales actores en la creación y modificación de leyes, así como en la distribución de fondos públicos, deberían estar sujetos a controles más rigurosos para evitar que actúen en su propio beneficio o en el de grupos cercanos. Sin embargo, hemos visto repetidamente cómo se privilegia la discrecionalidad del funcionario sobre la ley, dejando al descubierto vacíos en el sistema que permiten la perpetuación de intereses particulares por encima del bien común.
Opinión