La desaparición de 600 vigas, valoradas en 3 millones de dólares, es un reflejo vergonzoso de la corrupción y negligencia que corroe nuestras instituciones. Estas vigas bajo el resguardo del Ministerio de Obras Públicas, han sido encontradas dispersas en diversos puntos del país, algunas completas y otras fragmentadas, gracias a denuncias ciudadanas. No solo es alarmante el hecho de que hayan sido sustraídas bajo la mirada indolente de las autoridades, sino que la complicidad de quienes las compraron y las transportaron subraya el desprecio por el patrimonio público. La desidia de los funcionarios involucrados, quienes estaban obligados a custodiar estos bienes, es tan reprochable como el accionar de los ladrones que las tomaron. Si existen autoridades, pasadas o presentes, que han sido partícipes de este atropello, deben enfrentar sin titubeos el peso de la ley. No estamos ante un simple robo; se trata de un vil engaño a una ciudadanía que confió en el buen uso de sus recursos. Los culpables deben rendir cuentas, pues la justicia debe prevalecer sobre el descaro y la impunidad.
Opinión