La celebración navideña de la empresa estatal Etesa para 500 personas, con un costo de $52,875.01, es un agravio para la ciudadanía. Más aún cuando el Gobierno, que habla de contención del gasto, prohibió estas actividades financiadas con fondos públicos mediante una circular del ministro de la Presidencia. En un contexto donde el desempleo ha aumentado significativamente y la calificadora Fitch rebajó la nota de Etesa debido a incumplimientos financieros por $12.8 millones, estas acciones son una muestra de desconexión con la realidad del país. La excusa de una convención colectiva -negociada sin tomar en cuenta la situación del país- no justifica la opulencia ni la contratación directa de proveedores para fiestas en hoteles de lujo. Este tipo de decisiones mina la credibilidad de la empresa estatal y refuerza la percepción de desidia en la gestión pública. Mientras se piden sacrificios a la población, los administradores de Etesa deben dar el ejemplo. Es momento de renegociar cláusulas innecesarias hechas a costa de los ciudadanos y priorizar siempre el interés nacional.
Opinión