Es imperativo que los ciudadanos mantengamos una vigilancia constante sobre las negociaciones que involucran a las generadoras y distribuidoras de energía. La lamentable realidad es que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), cuya misión debería ser proteger los intereses de los ciudadanos, durante el quinquenio pasado parece haber trabajado en beneficio de ciertos generadores. Esto constituye un ejemplo patente de cuando una gestión irregular y la incompetencia administrativa erosionan la calidad de vida de la población. El reciente anuncio del secretario de Energía, Juan Urriola, sobre una potencial demanda de nulidad en contra del contrato de generación que afectó los intereses de los clientes de Ensa, ilustra la gravedad de la situación. La negligencia en la supervisión ha permitido que más de 500 mil usuarios pudiesen enfrentar un aumento exorbitante en el costo de la electricidad, acumulando más de 33 millones de dólares en sobrecostos hasta el momento. Estas acciones irresponsables no solo afectan las tarifas eléctricas, sino que también socavan la estabilidad del mercado energético. La ciudadanía no puede permanecer pasiva ante estos abusos; es hora de exigir transparencia y responsabilidad de las instituciones que deberían servirnos, no empobrecer nuestras vidas en beneficio de unos pocos.
Opinión