Por primera vez, la Asamblea Nacional, representada por su presidente, Dana Castañeda, firmó las declaraciones de Chapultepec y de Salta II, en un acto que reafirma la adhesión a la libertad de prensa y expresión. Esta responsabilidad, también asumida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, destaca al Legislativo como actor clave en la consolidación de estas garantías democráticas. La Asamblea puede despenalizar la calumnia y la injuria, incorporar la doctrina de la real malicia para proteger a periodistas y activistas, eliminar el secuestro de activos en demandas civiles y limitar las indemnizaciones a montos proporcionales al daño. Estas medidas serían un paso decisivo para combatir el acoso judicial y fomentar un entorno de transparencia y rendición de cuentas. La presencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en este evento subraya la importancia de estas acciones para fortalecer la democracia en Panamá y la región. Con estos gestos, que deben traducirse en hechos, el país reafirma su liderazgo en la defensa de la libertad de expresión y avanza hacia un marco legal que garantice un periodismo independiente y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
Opinión