La descentralización, concebida como un mecanismo para acercar el poder y los recursos a las comunidades, ha sido distorsionada hasta convertirse en una fuente de abuso y corrupción. Lo que comenzó como una buena ley ha sido torcido bajo el pretexto de la pandemia, permitiendo la ampliación arbitraria de los usos de los fondos de descentralización. Como si esto no fuera suficiente, se ha creado una descentralización paralela, multiplicando el descontrol y facilitando una verdadera danza de millones en manos de alcaldes, representantes y funcionarios que, amparados en la falta de fiscalización, han abusado de estos recursos. Hoy enfrentamos el reto de restaurar la ley a su forma original, con su propósito legítimo: beneficiar directamente a las comunidades. Pero no basta con esto. Es imprescindible redoblar los controles y fortalecer los mecanismos de fiscalización para asegurar que los fondos lleguen donde realmente se necesitan. Además, es hora de que aquellos que participaron en este saqueo de recursos enfrenten la justicia. La descentralización no puede ser sinónimo de corrupción; debe ser una herramienta para el desarrollo, y quienes la han pervertido deben rendir cuentas ante el país.
Opinión