El rol del sistema financiero en la lucha contra el lavado de activos es, sin duda, crucial para mantener la integridad del país en el escenario internacional. Panamá no es, ni debe ser percibida como un paraíso fiscal o terreno fértil para toda clase de operaciones sospechosas. Por el contrario, contamos con un sistema bancario robusto y fuertemente regulado que, en lugar de abrir las puertas a actividades ilícitas, tiene la capacidad y el deber de expulsar a aquellos que juegan bajo sus propias reglas. El crimen organizado, como bien advirtió el general colombiano, Óscar Naranjo, en su participación en el Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria, busca infiltrarse en las instituciones financieras para lavar activos y financiar el terrorismo, poniendo en jaque la estabilidad de nuestra banca. Ante esta amenaza, es imperativo que el sistema no solo refuerce sus controles constantemente, sino que también garantice una rendición de cuentas efectiva. Los controles sin consecuencia son simplemente una fachada. Es hora de que el sistema financiero panameño expulse a los actores que incumplen con la ley, pues ellos son los verdaderos responsables de que Panamá deba constantemente defender su reputación en el ámbito global. Sin embargo, no menos importante es la responsabilidad que tiene el sistema judicial de condenar a los que usan nuestro sistema financiero para lavar dinero. Sin condenas ejemplares, no serán suficientes los controles implementados por el sistema bancario.
Opinión