El Ministerio Público (MP) es fundamental para el Estado de derecho, encargado de investigar y perseguir delitos en defensa de la sociedad. Sin embargo, el descubrimiento de una red de presunta corrupción que involucra a funcionarios del MP y del Imelcf —detectada gracias a las gestiones de la Unidad de Análisis Financiero— ha puesto en jaque su credibilidad. La operación Alquimia reveló cómo estos funcionarios, en complicidad con abogados, usaron contratos ficticios para blanquear fondos ilícitos mediante la Unidad de Control de Químicos, una instancia clave para regular sustancias controladas. Este caso no solo evidencia fallas internas, sino el grave riesgo de que quienes deben combatir el delito lo terminen facilitando. Además de sancionar a los responsables, se requiere implementar reformas que fortalezcan los controles internos y promuevan la transparencia. Con la próxima gestión de Luis Carlos Gómez como procurador, el MP tiene una oportunidad para demostrar, no solo su independencia, sino también que nadie está por encima de la ley, menos aún quienes tienen el deber de aplicarla.
Opinión