Nadie duda que “no hay chen chen” en las arcas del Estado. La necesidad de un presupuesto prudente y responsable es innegable, especialmente cuando el peso de una deuda pública creciente y el deterioro financiero amenazan con llevarnos al borde. El país sabe que las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) son una prioridad; una deuda histórica que ha sido ignorada por sucesivas administraciones. Sin embargo, a pesar de las promesas de austeridad, el proceso de aprobación del presupuesto de 2025 ha estado plagado de irregularidades. Desde “errores” —¿o engaños?— en la presentación del Ejecutivo, hasta el controversial madrugonazo en el primer debate de la Asamblea, queda claro que las viejas prácticas políticas siguen presentes. Interrupciones en la transmisión y el intento de evitar un debate amplio son señales preocupantes de una democracia que no está funcionando plenamente. La ciudadanía merece un debate auténtico, donde los argumentos y el interés común tengan prioridad sobre las conveniencias partidistas. Resulta inaceptable que se silencien voces que representan la diversidad de opiniones y preocupaciones de la sociedad. La transparencia y la responsabilidad deben primar en la Asamblea, garantizando un proceso deliberativo abierto, donde todas las bancadas, sin excepción, puedan exponer y explicar sus posiciones en nombre de sus electores.
Opinión