El procurador de la Administración ha emitido una opinión fundamentada sobre las indemnizaciones por mutuo acuerdo que han negociado gerentes y ejecutivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), para recibir elevadas compensaciones en momentos en que su salida del cargo es inminente, quieran o no. Según el procurador, estos acuerdos no son viables jurídicamente, es decir, no pueden ejecutarse, porque, entre otras razones, todos estos gerentes y directores asumieron sus cargos mediante nombramientos concurrentes con el quinquenio del gobierno en turno. Desde el momento de su designación, saben que al concluir el gobierno que los nombró, deben dejar sus cargos, ya que son posiciones de libre remoción y, por lo tanto, no tienen derecho a reclamar nada. El presidente electo y organizaciones de la sociedad civil han calificado estas indemnizaciones como un “atraco” al Estado y han instado al contralor a abstenerse de refrendarlas. Esta crítica debería extenderse también a los miembros de las juntas directivas que autorizan estos generosos beneficios. Seguramente, si se tratara de dinero de su propio bolsillo o el de sus empresas particulares, nunca habrían consentido este desembolso. El procurador también recuerda que los ejecutivos de empresas mixtas son funcionarios sujetos al derecho administrativo y pueden ser removidos en cualquier momento sin derecho a indemnización. Más claro ni el agua.
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