En artículo publicado en La Prensa el 10 de junio de 2012, planteaba que mi candidato ideal para presidente sería aquel que se atreviese a impulsar una nueva Constitución y a someter a referéndum popular la disolución de la Asamblea Nacional. El ganador de aquella elección (Juan C. Varela), incluyó en su plan de gobierno “convocar a una Asamblea Constituyente Paralela” (compromiso incumplido), mas no la de someter a referéndum la disolución de la Asamblea.
Lejos de eliminar prácticas que propician la corrupción en el Legislativo, el actual gobierno ha reemplazado la compraventa de diputados por la asignación de partidas para “donaciones”. A raíz de la denuncia de esta práctica en marzo de 2017, el abogado Carlos Herrera y el activista de la sociedad civil Freddy Pittí presentaron una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra 13 diputados por el delito de peculado. En juego, $14 millones desembolsados por el Ejecutivo para “donaciones” y $68 millones para “contratos” por servicio.
Al presentar la denuncia, Herrera reveló que los beneficios no llegaban a su destino: “se los repartían entre ellos [los diputados]”. Curiosamente, ese mismo mes, la CSJ emitió un fallo declarando inconstitucional un decreto expedido por la Contraloría en octubre de 2016 que reglamentaba las donaciones. Con base en la ley de transparencia, La Prensa solicitó detalles de los contratos a la Asamblea, pero esta se ha negado a detallarla alegando que es confidencial. Para agravar las cosas, la Asamblea ha incurrido en desacato al negarse a ejecutar un fallo de la CSJ alegando tecnicismos que no tienen el menor sustento. En realidad, lo que pretende la AN es proteger a los diputados involucrados en los delitos que se denuncian.
El contralor Federico Humbert entregó el 27 de febrero a la procuradora general los resultados de una auditoría sobre el uso que dieron 70 diputados en 2009-2014 a más de $319 millones. Los resultados revelan mal uso de más de $270 millones ($50 millones fueron desembolsados sin facturas fiscales, otros $20 millones no tenían sustento legal, y otros lo fueron con facturas falsas y documentos adulterados). La PGN deberá investigar el manejo del dinero por funcionarios subalternos y referir los casos de los diputados a la Corte.
Considero que la Asamblea Nacional es el reflejo del nivel de corrupción de los partidos políticos, crisis que abre oportunidad por primera vez en nuestra historia para la elección de un presidente independiente. El golpe que intenta dar la alianza PRD-CD en la Comisión de Credenciales no es más que una manifestación de esto: lo que buscan es la designación de magistrados “amigos” para llenar las tres plazas vacantes en la CSJ, y garantizar su impunidad. Previamente, en un intento por evitar una investigación del uso de las “donaciones”, la Asamblea creó una comisión de 11 diputados, varios de ellos usuarios de esos fondos, para investigarse ellos mismos. Como era predecible, ella solo detectó algunas deficiencias procedimentales.
La Asamblea no solo ha sido acusada de corrupción, sino de estar infiltrada por el crimen organizado. Ante semejante escenario, y en vísperas del proceso electoral, el país requiere ser refundado vía una nueva y moderna Constitución, que incluya medidas para mejorar la calidad de su órgano legislativo y reducir su costo. Pero ello no será posible con una Asamblea como la actual. Para evitarlo, el camino es someter a referéndum su disolución. ¿Es viable la disolución del órgano legislativo? En el ínterin, ¿quién desempeñaría esa función?
En su tesis para la maestría en Derecho Administrativo, La disolución de la Asamblea Nacional, el jurista ecuatoriano Galo Ramiro Torres menciona entre las alternativas la disolución por iniciativa popular, “llamada también derecho de revocación, [la cual] es decidida por el pueblo con base en un referéndum”. En los países en donde se ha apelado a ese derecho, los pueblos han votado por la disolución. El más patético ocurrió en Lituania, cuando en 2016 el presidente invocó ese derecho luego de que el parlamento impidiese que una fiscalía registrase la casa de un diputado acusado de corrupción. Más del 94% de los electores votó por la disolución.
Ante el evidente empeño ahora de la Asamblea de asegurarse la impunidad, el camino a seguir para un futuro presidente empeñado en erradicar la corrupción es someter a referéndum popular su disolución. En tanto surge una nueva Constitución y se elija a un parlamento libre de los vicios señalados, esa función la pudiese ejercer una Comisión Legislativa Permanente.
