Debe reconocérsele al Municipio de Panamá haber dado continuidad, en materia urbanística, a un esfuerzo normativo y administrativo que lleva tres gobiernos. El de José Isabel Blandón aprobó la contribución por mejoras y la norma de uso de aceras, ordenó adecuar las fachadas de la Avenida Central e inició el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT). El de José Luis Fábrega aprobó el PLOT en 2021 y asumió la certificación de usos de suelo que ejercía el Miviot. Y el de Mayer Mizrachi zonificó San Francisco dentro del PLOT, rescató la contribución por mejoras como compensación urbana, retomó las fachadas de la Avenida Central y adoptó, con el Acuerdo 316 de 2026, la tan esperada Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público, que fija en 1.80 metros el ancho libre mínimo de toda acera, obliga a usar el retiro frontal como acera cuando la servidumbre no alcanza y extiende a los frentes ya construidos, con plazos y multas, reglas que el PLOT solo exigía a los proyectos nuevos.

El problema, a mi parecer, no está tanto en lo que esos acuerdos ordenan sino en quién los ejecuta, y en eso la Guía no cambia nada. Confía la adecuación de cada frente a su propietario con plazos de sesenta días, seis meses o dos años según la obra, bajo multa de cinco mil balboas, y admite en sus considerandos que así se “aliviará una importante carga económica al Municipio”; o sea, que el municipio no tiene con qué hacerlo realidad.

Sin embargo, el control sigue terminando en el permiso de ocupación. Todos sabemos de alguien que entrega a la DOYC la acera conforme a planos y la convierte en estacionamiento al día siguiente, porque el Municipio solo verificaba el frente al otorgar el permiso y después no volvía. El acuerdo permite ahora exigir la adecuación aunque la obra coincida con los planos aprobados, pero nadie tiene el encargo de volver al frente de la finca, y la multa, si es que llega a imponerse, vale menos que el estacionamiento que sanciona. Siendo así, el acuerdo pone la multa pero no pone al inspector.

Ya sabemos qué produce ese modelo de planificación sin gestión, pura elucubración, y el ejemplo más claro es la Avenida Central. En septiembre de 2014 el Consejo ordenó a los propietarios de inmuebles en la peatonal adecuar sus fachadas y despejar la acera en tres meses, y ese acuerdo pasó por dos administraciones sin aplicarse hasta que, once años después, un decreto alcaldicio de septiembre de 2025 repitió las mismas obligaciones, esta vez acompañadas de una guía gráfica y de una multa por incumplimiento. En febrero de 2026, a un mes de vencer el primer plazo, apenas sesenta de los ciento treinta edificios habían pedido asesoría a la Dirección de Planificación Urbana, y los plazos vencieron sin que conste en medios de acceso público una sola sanción. Si un año no bastó para 850 metros, no veo cómo van a bastar sesenta días en todo el distrito.

La Guía mezcla además cargas de naturaleza distinta. Quitar un obstáculo que uno mismo puso en la acera es una obligación ordinaria, pero corregir una calle que nunca tuvo sección suficiente es un déficit histórico que afecta a toda la cuadra, y la Guía lo resuelve a costa de cada lote, que debe ceder el uso de parte de su retiro frontal como acera, sin perder la propiedad, pero también sin compensación, una carga que seguramente generará resistencia. Es, además, una carga ciega. La Guía gradúa el espacio de acera con dieciséis fichas según la zona y la jerarquía de la vía, pero no gradúa la obligación, al darle los mismos plazos, la misma multa y la misma cesión tanto para el centro comercial como para la casa de barrio, sin ningún criterio de por dónde empezar ni un inventario del estado de las aceras con el que priorizar zonas.

Buena parte de lo que estorba en una acera tampoco está en manos del propietario, porque la calzada de las vías nacionales es del MOP y los postes son de concesionarios que regula la ASEP. El acuerdo les ordena ejecutar a su costo las reubicaciones dentro de los mismos plazos, pero no dice cómo se los hará cumplir a un ministerio, al que no puede multar, ni crea una mesa ni un convenio con nadie; se les envía copia del acuerdo y deja la coordinación para un decreto futuro.

Para rematar, el PLOT cumplió en marzo los cinco años de vigencia que su propio texto fija como plazo de revisión, el mismo máximo que la Ley 6 pone para actualizar las regulaciones urbanísticas, y no existe procedimiento para esa revisión, como constató la Procuraduría de la Administración en octubre, ni evaluación publicada de cuánto se ha cumplido. Si no existe voluntad por parte del Municipio de cumplir la propia Ley 6 de 2006 ni su propio PLOT, ¿qué autoridad moral tiene para exigir el cumplimiento de sus normas a la ciudadanía?

Y no es por falta de herramientas. La Ley 467 de 2025 atribuye al alcalde la potestad de sancionar cualquier infracción de los acuerdos municipales y le permite delegar esos procesos en funcionarios de cumplimiento. De hecho, el Municipio ya dio ese paso cuando el 9 de septiembre, un mes antes del Acuerdo 316, el alcalde dictó el Decreto 006 de 2026, que fija un procedimiento sancionatorio único con inspectores que levantan acta y entregan boleta en el acto. El Acuerdo 316 remite la obstrucción de aceras al trámite técnico de la Dirección de Obras y Construcciones, y eso tiene sentido porque es una infracción de obra, pero ese trámite solo arranca cuando alguien detecta la obstrucción, y a los inspectores que ese decreto pone en la calle ni siquiera les encarga avisar a la DOYC de lo que vean.

Lo que sí escapa al Municipio es otra cosa. La Ley 6 de 2006 le permite planificar y regular, pero no le da herramientas para ejecutar lo que planifica ni prevé consecuencias para quien deja un plan sin ejecutar.

El anteproyecto de ley 71, presentado en julio por iniciativa ciudadana a la Asamblea Nacional y aún sin prohijar, se ocupa de esos vacíos. Regula las áreas de mejoramiento, que el municipio delimita por su cuenta o a pedido de los vecinos y que financian la obra con una contribución sobre todos los beneficiados, de manera que hay quien convoca, el que se niega paga igual y la acera se diseña por cuadra, que es lo que el artículo 48 del Acuerdo 316 intenta sin lograrlo. Y cuando un municipio deja pasar más de dos años sin ejecutar las acciones prioritarias de su plan, el anteproyecto de ley 71 facultaría al Miviot para exigirle explicaciones y, si no las da, remitir el caso a la Procuraduría de la Administración.

El gran pecado de esta colección de normas locales es que las elabora una Dirección de Planificación Urbana que revisa planos dentro de la Ventanilla Única, pero no sanciona, no mueve recursos ni coordina a otras entidades. No basta con mandar que los propietarios construyan las aceras que faltan; deben crearse los mecanismos que coordinen a propietarios, direcciones municipales, juntas comunales, juntas de desarrollo local, entidades nacionales y concesionarios para que esas aceras se materialicen, y eso no se consigue con una norma ni con un manual ilustrado, sino con gestión.

El Consejo hizo su parte normando y el alcalde ya tiene sus inspectores y funcionarios de cumplimiento, de manera que lo que hoy le falta a la Guía es que alguien tenga el encargo de mirar las aceras después del permiso de ocupación, y eso se consigue reglamentando el Acuerdo 316 por decreto alcaldicio, como el propio acuerdo autoriza.

Lo que ningún decreto puede dar, que la inacción tenga consecuencia y que el plan se evalúe aunque la administración de turno no quiera, solo puede darlo la Asamblea con el anteproyecto 71. Mientras el acuerdo siga sin reglamentar, los funcionarios de cumplimiento sin recorrer las aceras y el anteproyecto sin prohijar, la Guía será lo que fue el acuerdo de la Avenida Central durante once años: la descripción exacta de un espacio público que nadie tiene a su cargo. Puro tilín tilín y nada de paleta.

El autor es arquitecto y urbanista.