El domingo 9 de agosto, en el programa Debate Abierto, se analizó el tema de la seguridad de nuestras fronteras frente a la posibilidad de un desplazamiento del denominado Clan del Golfo hacia el área fronteriza, tras la llegada de la nueva administración presidencial de Abelardo De la Espriella en Colombia. En este programa participaron el exdirector de Senafront Oriel Ortega y el exdirector de la desaparecida Policía Técnica Judicial Jaime Abad. Al final de los análisis, el comoderador y sociólogo Danilo Toro coincidió con el licenciado Abad en la posibilidad de pensar seriamente en la necesidad de restablecer una fuerza militar nacional, dado el contexto regional actual, que no es igual al de 1989, cuando se produjo la caída de la dictadura militar con la Operación Causa Justa.
Si bien es cierto que no he tomado una posición favorable o desfavorable, es necesario analizar esta idea con la mayor seriedad que requiere un tema que podría ser introducido y aceptado para llevarlo a una posible asamblea constituyente, revisar las experiencias que registra la historia nacional, la posible estructura y los frenos constitucionales que eviten repetir los errores o que alienten a personas con aires dictatoriales a sustentar su poder con la fuerza de las armas en lugar de la fuerza de la ley.
De acuerdo con nuestra historia, Panamá nació con una fuerza militar en 1903, la cual fue reducida a funciones policiales por presión de Estados Unidos tras la posibilidad de un golpe de Estado de Esteban Huertas contra el presidente Amador Guerrero al año siguiente. Años después, con los incidentes de Cocoa Grove de 1912, la ya fuerza policial fue desarmada a solicitud de los estadounidenses. Años después, sin fuerzas militares y con la Policía desarmada, Panamá aun así enfrentó a Costa Rica por Coto, gracias a los rifles que escondió el presidente Belisario Porras y al heroísmo de voluntarios.
En su mandato, Harmodio Arias Madrid tuvo que destituir del cuerpo policial a cierto capitán con aires golpistas que luego fue reintegrado, llamado José Antonio Remón Cantera, quien años después convirtió la Policía Nacional en una institución armada llamada Guardia Nacional, que participó en el fraude de 1948, forzó a renunciar a los vicepresidentes que reemplazaron a Domingo Díaz después de fallecer (Chanis y Chiari), devolvió la Presidencia al Dr. Arnulfo Arias Madrid y contribuyó a su derrocamiento en 1951. Como todos sabemos, Remón alcanzó en 1952 la Presidencia, que ejerció hasta su asesinato en 1955. La Guardia Nacional siguió como elemento de poder hasta 1960, cuando presentó sus respetos al nuevo presidente Roberto F. Chiari, así como a su sucesor, Marco Robles. No obstante, con la lucha por el poder que se desató desde 1967, coincidiendo con los Tratados Tres en Uno y el juicio al presidente Robles por la Asamblea Nacional, la institución armada intervino y saboreó la miel del poder total.
La elección presidencial de 1968, ganada por el Dr. Arnulfo Arias Madrid, representó para los uniformados la mayor amenaza que podían enfrentar, y actuaron el día 11 de octubre derrocando a un gobierno electo por la voluntad popular e imponiendo la larga sombra de los 21 años de dictadura militar, con Torrijos, Paredes y Noriega, respectivamente, que acabó en 1989 con la declaración del estado de guerra del 16 de diciembre y la invasión de Estados Unidos a Panamá del día 20. Con las reformas constitucionales aprobadas en los años noventa, Panamá eliminó las fuerzas militares. Esa es la experiencia histórica.
Ahora, quienes proponen la necesidad de restablecer una fuerza militar propia sostienen que la situación geopolítica y social de la región, frente a la presencia del crimen organizado transnacional y del terrorismo internacional, ha hecho que los países tengan que unir sus fuerzas de seguridad para enfrentar a estos grupos al margen de la ley, que han aprovechado cada espacio en donde se presenta la ruptura o el debilitamiento del sistema democrático para ampliar su dominio en beneficio propio.
Si una asamblea constituyente decide el retorno de fuerzas militares en el marco de una nueva Constitución, tienen que tomarse en cuenta varios elementos, entre ellos:
La Policía, el Senan y el Senafront no pueden ser colocados nunca bajo un solo mando.
Un pie de fuerza adecuado a la población y a sus funciones.
El estudio de normas legales y la cultura democrática dentro de la formación, lo que contribuiría como freno para aquellos que quieran asaltar el poder.
El consenso político de todos los sectores políticos y sociales.
Estas son solo unas ideas frente al tema expuesto esa mañana. No obstante, debemos recordar que en Panamá, desde 1989, hay una frase que los panameños no debemos olvidar: Nunca jamás.
El autor es consultor y analista de comercio exterior.
