En artículo publicado el 1 de enero de 2017 bajo el titular Antes de enterrar al fuero (https://www.nexos.com.mx/?p=30837), el experto mexicano en políticas públicas Víctor Aguilar hace un apretado recuento de la historia del fuero, recordándonos que su origen, al menos como lo conocemos hoy día, se remonta a 1397, cuando la Cámara de los Comunes denunció prácticas corruptas en la corte bajo el reinado de Richard II de Inglaterra.
Thomas Haxley, quien había liderado las denuncias en el Parlamento, fue acusado de traidor y despojado de su título y sus posesiones. Pero cuando Richard II fue depuesto en 1399 y reemplazado por Henry IV, este – con el apoyo del Parlamento -- revirtió la acción contra Haxley, dando inicio a un dilatado proceso que culminaría en 1689 con la proclamación de la carta de derechos individuales (Bill of Rights).
El artículo nueve dio origen al fuero al proteger a los parlamentarios contra acciones legales por opiniones expresadas en los debates.
Los franceses lo retomaron después para proteger a los parlamentarios por las opiniones vertidas en funciones, fenómeno que se extendería después al resto de Europa.
Hoy día se aplica en todo el mundo, pero la distorsión que ha tenido transformándose en herramienta de impunidad de delincuentes de cuello blanco, ha inducido a muchos países a limitar su alcance.
En su concepción original, el fuero servía de contrapeso para proteger la libertad de expresión e independencia de los legisladores al representar el interés ciudadano en sus funciones parlamentarias.
Entre los países en donde se ha desdibujado su objetivo original están Guatemala y Panamá, que lo extienden para proteger, incluso, a candidatos para elecciones internas de los partidos. En Colombia el abuso llegó a tal punto que el narcotraficante Pablo Escobar disfrutó de inmunidad procesal luego de ser elegido en 1982 diputado suplente por un grupo adscrito al Nuevo Liberalismo, que lideraba el célebre político Luis Carlos Galán. Este lo expulsó de sus filas al tener conocimiento de sus actividades criminales.
En Panamá, el fuero electoral penal está regulado por el capítulo II del Código Electoral. Se aplica (Art. 260) a los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos, “desde la convocatoria al proceso electoral respectivo y hasta que quede ejecutoriada la última proclamación del evento”. Y en el caso de las elecciones internas o primarias, “desde que quede en firme su postulación y hasta 15 días después de la ejecutoria de la proclamación…”.
No es casual, pues, que un partido político cuyos principales dirigentes estuvieron involucrados en procesos por presuntos actos de corrupción, hayan jugado con los plazos de sus elecciones internas conforme a las necesidades de fuero de los imputados.
Me refiero a Cambio Democrático, cuyas posposiciones de elecciones internas respondieron al interés de los acusados de extender la vigencia del fuero, intentando aproximarlo al inicio del periodo electoral.
El resultado del 21 de enero no cambia en nada esta situación, ya que esa organización celebrará pronto sus primarias, y resulta previsible que intente dilatar los resultados para proteger a sus candidatos investigados o imputados por delitos comunes. Esto es grave, y lo es más cuando observamos a un Tribunal Electoral que actúa con lentitud frente a ese inmoral rejuego.
Consciente de que el fuero está siendo utilizado por políticos inescrupulosos para protegerse contra la acción de la justicia, la sociedad civil – a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) -- ha intentado eliminar o reducir ese blindaje, pero no ha recibido el apoyo de ninguno de los partidos políticos. Justo es reconocer el rol que han tenido Javier Ordinola, Maribel Jaén y Roberto Troncoso en la CNRE para corregir la norma electoral.
A tal punto ha llegado el abuso, que Troncoso considera que el fuero “es una farsa y un atentado contra la inteligencia de los ciudadanos”, por lo que sugirió que sea eliminado (“El fuero electoral, un privilegio político que genera rechazo”, La Estrella de Panamá, 1 de septiembre de 2015).
En 2017 se propuso limitar el fuero a los postulados a cargos de elección popular unos días antes y después de las elecciones, pero fue rechazado. Su eliminación debe ser la meta; pero habrá que esperar a que lleguen al Ejecutivo y a la Asamblea ciudadanos comprometidos en la lucha contra la corrupción.
El autor es periodista
