La idea central es convertir la emergencia provocada por el terremoto en una oportunidad para movilizar rápidamente la capacidad productiva nacional, generar empleos y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

La clave es establecer un mecanismo de ejecución inmediata, con recursos identificados, proyectos priorizados, participación de las empresas panameñas y controles transparentes sobre cada dólar invertido.

¿Cómo ponerlo en marcha rápidamente?

1. Crear un programa nacional de reconstrucción

Aprovechar la declaratoria de emergencia y los recursos de hasta B/.100 millones anunciados por el Gobierno para atender los daños del terremoto. La Resolución de Gabinete n.º 108 contempla contrataciones especiales de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La propuesta consiste en organizar un programa que permita ejecutar las reparaciones con rapidez, sin sacrificar la transparencia ni el control de los recursos públicos.

2. Incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas

En lugar de concentrar las obras en unos pocos contratistas, distribuir los trabajos por provincia, distrito y comunidad, según las necesidades identificadas.

Podrían participar empresas panameñas dedicadas a:

  • Reparación y reconstrucción de viviendas.

  • Rehabilitación de escuelas y hospitales.

  • Reparación de calles, puentes y otras infraestructuras.

  • Instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua potable.

  • Suministro de materiales y transporte.

3. Involucrar a la Capac

La Cámara Panameña de la Construcción podría contribuir a organizar la participación del sector, identificar empresas disponibles y facilitar la coordinación técnica. La Capac cuenta con una estructura gremial y programas de capacitación vinculados a la construcción.

Se propone establecer una mesa de trabajo entre el Gobierno, la Capac, los municipios y las organizaciones empresariales de las provincias afectadas.

4. Crear un mecanismo de ejecución inmediata

El programa podría funcionar en cuatro etapas:

  • Primeras 72 horas: levantar un inventario preliminar de los daños y establecer prioridades de seguridad.

  • Primera semana: clasificar las obras, determinar sus costos estimados y registrar a las empresas interesadas.

  • Primer mes: iniciar las reparaciones prioritarias mediante contratos con alcance, presupuesto, plazo y responsables claramente definidos.

  • Seguimiento permanente: publicar los contratos, sus beneficiarios finales, los avances físicos y los pagos efectuados, con fiscalización de la Contraloría.

5. Garantizar que los recursos lleguen a las comunidades

El fondo debe priorizar las necesidades más urgentes: viviendas inhabitables, escuelas cuyas condiciones impiden el regreso seguro de los estudiantes, instalaciones de salud afectadas y vías indispensables para las comunidades.

La participación de las empresas locales permitiría distribuir el trabajo y generar actividad económica en las zonas afectadas.

La rapidez no debe significar ausencia de controles. El procedimiento de emergencia debe respetar los requisitos aplicables de contratación, justificación de precios, registro y fiscalización.

El autor es abogado.