Dando continuidad a la serie de artículos publicados previamente sobre nuestra realidad institucional, la planificación del Estado panameño ha llegado a un punto de quiebre. El decreto de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño y los anuncios de la ACP sobre restricciones de calado han puesto de manifiesto una realidad preocupante: el sistema hídrico del centro del país enfrenta enormes presiones.

Panamá ha caído en un gran “limbo hídrico e institucional”. Hoy, los lagos Gatún (436 km²) y Alhajuela (50 km²) sostienen la operación de una de las principales rutas del comercio marítimo mundial y abastecen de agua a una parte importante de la población. Mientras tanto, el inmenso embalse de Bayano (350 km²) utiliza sus aguas para la generación hidroeléctrica antes de que estas continúen hacia el Pacífico.

Es muy probable que los experimentados planificadores del Estado y de la ACP ya contemplen escenarios similares en su cartera de proyectos. El reto es que la presión por resolver el día a día suele postergar las grandes decisiones. Lo que aquí planteamos busca elevar esta visión a una verdadera agenda de Estado que trascienda los vaivenes electorales.

Así como Panamá logró una continuidad institucional ejemplar, más allá de banderas partidistas, para asegurar la transición y posterior ampliación del Canal a lo largo de distintas administraciones, hoy necesitamos ese mismo compromiso para blindar nuestra seguridad hídrica.

La memoria del agua

Para entender la conflictividad social actual, hay que revisar cómo se ha reconfigurado el territorio. El Canal no inventó la ruta interoceánica; la industrializó. Sus antecedentes se encuentran en el Camino Real y el Camino de Cruces, que sostuvieron durante siglos el tránsito de personas y mercancías a través del istmo.

Esta vocación transitista continuó durante nuestra unión a Colombia y posteriormente se consolidó con la construcción del Ferrocarril de Panamá en 1855. La creación del lago Gatún transformó profundamente el territorio y provocó la desaparición o reubicación de poblaciones. La modificación del trazado ferroviario alteró también las dinámicas económicas de comunidades que habían dependido de aquella ruta.

Décadas después llegó el modelo centralizado de la época militar con el proyecto hidroeléctrico de Bayano, que desplazó comunidades indígenas y dejó conflictos territoriales y reclamos que perduran. Más recientemente, Barro Blanco volvió a demostrar las dificultades de ejecutar grandes proyectos hídricos y energéticos sin suficientes acuerdos con las comunidades afectadas.

Hoy, pretender avanzar con el nuevo embalse de Río Indio sin atender adecuadamente los conflictos sociales y territoriales sería arriesgar innecesariamente su viabilidad y la gobernabilidad.

La guerra de las métricas

El Estado ha tomado la decisión de desarrollar el proyecto de Río Indio. El problema radica también en cómo medimos el agua: en el sistema canalero, su disponibilidad se relaciona directamente con el consumo humano y los tránsitos marítimos; en Bayano, una de sus principales funciones económicas ha sido la generación de energía.

La ACP proyecta que Río Indio permitirá fortalecer la seguridad hídrica del sistema durante las próximas décadas. Pero si desarrollamos un nuevo embalse mientras el sistema canalero continúa soportando una parte creciente del abastecimiento de la región metropolitana, estaremos utilizando una misma reserva para responder simultáneamente a dos demandas estratégicas: población y Canal.

La pregunta, entonces, no es solamente de dónde obtener más agua, sino cómo distribuir las fuentes disponibles para reducir esa competencia.

La “tenaza hídrica”

El Estado debería estudiar una estrategia de “tenaza hídrica”: avanzar con Río Indio para fortalecer el sistema hídrico del Canal y, simultáneamente, evaluar una gran planta potabilizadora alimentada por el lago Bayano para reforzar el abastecimiento de la región metropolitana.

Al incorporar Bayano como una fuente adicional de agua potable, podría reducirse la presión que ejerce el crecimiento urbano sobre el sistema canalero y preservarse una mayor proporción de la nueva capacidad de Río Indio para garantizar la sostenibilidad de la vía interoceánica.

Una potabilizadora de esta magnitud podría aprovechar las aguas del lago Bayano para el abastecimiento humano, siempre que los estudios hidrológicos, ambientales y de ingeniería demuestren que existe disponibilidad suficiente y que la extracción puede compatibilizarse con la generación hidroeléctrica y los demás usos de la cuenca. Esos estudios deberán determinar también la forma más eficiente de captación y conducción del agua hacia la región metropolitana.

Bayano enfrenta, además, una compleja realidad territorial: comunidades indígenas, asentamientos, actividades productivas y conflictos relacionados con derechos posesorios conviven dentro de su entorno. Sin ordenamiento territorial, protección de la cuenca y control de la deforestación y la sedimentación, cualquier infraestructura hídrica estaría expuesta a graves problemas en el futuro.

El escudo soberano y el motor financiero

Hacia el occidente del país persisten, además, incertidumbres relacionadas con el futuro de la actividad minera y sus implicaciones ambientales y territoriales. Este escenario refuerza la necesidad de estudiar otras fuentes y alternativas para diversificar la seguridad hídrica nacional.

Para financiar una estrategia de esta magnitud sin depender exclusivamente de deuda pública tradicional, podría estudiarse una emisión de bonos verdes y otros instrumentos de financiamiento climático que integren proyectos de protección de las cuencas del Canal y Bayano.

El objetivo sería estructurar un paquete integral capaz de financiar la protección y recuperación de bosques, nuevas infraestructuras de potabilización y conducción y, especialmente, la urgente modernización de la red de distribución de agua potable, donde las pérdidas representan una parte significativa del agua producida.

Una inversión de esta escala tendría también efectos económicos mediante la generación de empleos, nuevas infraestructuras y actividades vinculadas con la conservación ambiental.

La estructuración financiera, sin embargo, debe proteger rigurosamente el patrimonio y los intereses nacionales. La experiencia acumulada por la ACP en la financiación de la ampliación del Canal constituye una referencia importante sobre la capacidad técnica que Panamá puede movilizar para proyectos de gran escala.

Por esa experiencia técnica, financiera e institucional, podría evaluarse la participación de la ACP en la estructuración de este mecanismo financiero e incluso en una estrategia más amplia de planificación hídrica. Sin embargo, cualquier intervención de la Autoridad en la cuenca de Bayano tendría que examinarse a la luz de sus actuales competencias constitucionales y legales y, si fuese necesario ampliarlas, requeriría previamente los ajustes jurídicos e institucionales correspondientes.

La seguridad hídrica del próximo siglo no puede depender de una sola obra. Río Indio puede fortalecer el sistema canalero; Bayano podría estudiarse como una fuente complementaria para el abastecimiento humano; y la reducción de pérdidas debe convertirse en una prioridad nacional.

Esa es la verdadera “tenaza hídrica”: ampliar las fuentes, proteger las cuencas y utilizar mejor cada gota disponible.

El autor es industrial.