Tras la ola de hechos delictivos ocurridos en la provincia de Veraguas en las últimas semanas, ha crecido en el territorio, en gran medida, un clamor por la transparencia y la justicia. Y surge además, de boca en boca, una propuesta polémica: exigir por ley que los medios de publicidad publiquen abiertamente los nombres y rostros de los condenados. Esta medida, que algunos ven como una herramienta para disuadir el crimen, está generando un intenso debate sobre los límites de la privacidad y el derecho a la rehabilitación.
Los defensores de esta iniciativa sostienen que, en una sociedad cada vez más afectada por la delincuencia, hacer pública la identidad de quienes cometen delitos podría actuar como un potente disuasivo. Algunos abogados penalistas, sustentan que la transparencia es clave para proteger a los ciudadanos y que si alguien comete un delito, la sociedad tiene derecho a saber quiénes son esas personas, y lo plantean como una medida de seguridad pública. A su juicio, una mayor exposición pública podría reducir la reincidencia y permitir que las personas estén informadas sobre los riesgos en su comunidad.
Sin embargo, esta postura ha sido recibida con fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Activistas señalan que la exposición pública de los criminales podría desencadenar una cultura de humillación y venganza, afectando la vida de los individuos incluso después de haber cumplido su condena aseverando que la estigmatización no ayuda a la reintegración social, que todos merecen una segunda oportunidad, y que las leyes deben fomentar la rehabilitación, no perpetuar el castigo.
El dilema también plantea preguntas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. ¿Deben los medios cumplir un papel activo en la publicación de información sobre criminales? Y de ser así, ¿hasta qué punto esta exposición puede interferir con los derechos individuales?
Algunos expertos en ética de la información advierten que convertir a los medios en herramientas para exhibir a los criminales podría erosionar la confianza en el sistema judicial. No obstante, ha surgido en el país, una controversia en torno a la posibilidad de implementar leyes que obliguen a los medios de comunicación a publicar abiertamente los nombres y rostros de personas condenadas por delitos. Esta idea está generando un debate nacional sobre su viabilidad, impacto en la seguridad pública y las implicaciones para los derechos humanos.
Esta propuesta ha generado reacciones divididas, especialmente entre expertos en derechos humanos y criminología. El sistema penal panameño busca equilibrar el castigo con la rehabilitación, con un enfoque en la reinserción social de los delincuentes. Publicar las identidades de las personas condenadas podría, según los críticos, perpetuar el estigma y dificultar la reintegración de aquellos que han cumplido su pena. Dicho sistema, se rige por principios de justicia restaurativa, donde las penas incluyen, en muchos casos, procesos de rehabilitación. Según este enfoque, tras cumplir su condena, los individuos deben tener la oportunidad de reinsertarse en la sociedad sin arrastrar las consecuencias de su pasado de manera indefinida. De implementar esta propuesta, muchos temen que estas personas, nunca puedan escapar de la condena social, incluso después de haber saldado su deuda con la justicia.
Además, los detractores señalan que esta medida podría vulnerar principios constitucionales fundamentales, como el derecho a la privacidad y la dignidad humana. La Constitución Política de la República de Panamá garantiza que toda persona, incluso aquellas que han sido condenadas por delitos, debe ser tratada con dignidad y tiene derecho a la protección de su imagen y su nombre.
La posibilidad de que se legisle a favor de publicar identidades de criminales en los medios de comunicación en Panamá abre un debate complejo entre seguridad y derechos humanos. Mientras algunos ven en esta medida una herramienta necesaria para proteger a la sociedad, otros temen que los efectos negativos sobre los derechos individuales y la reinserción de los condenados superen cualquier posible beneficio.
La autora es bibliotecaria, poeta y narradora.