Aunque la respuesta debería ser obviamente no, para muchos ciudadanos esto no parece tan claro. Después de todo, frases como “lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta” o “lo que es de todos, no es de nadie” son comunes, ¿verdad?
Empecemos por el costo de crear el “espacio público”. En Panamá, por ejemplo, la construcción de un metro lineal de acera completa con cableado soterrado puede costar alrededor de ocho mil balboas, sin incluir el costo de la tierra. Alguien desprevenido podría decir que ya hemos pagado ese costo con nuestros impuestos. Sin embargo, dichos impuestos representan una pequeña porción del presupuesto, que generalmente cubre estos gastos a expensas de futuras generaciones mediante deuda pública.
Si a esos costos de construcción, inmobiliarios y financieros le sumamos el mantenimiento del espacio público, llegamos rápidamente a la conclusión de que crear y mantener dicho espacio tiene un costo real que debe ser cubierto. No importa si el gobierno terceriza el servicio a una empresa privada o lo gestiona directamente; de lo contrario, el dinero invertido en dicho espacio puede perderse.
De hecho, el espacio público es como el área común de los condominios. En áreas concurridas, estos espacios son equivalentes a los espacios comerciales de los edificios de propiedad horizontal (PH), cuyo valor es aprovechado por terceros que ni rinden cuentas al gobierno ni pagan arriendo alguno.
¿Debe el gobierno local o nacional obtener ingresos por el uso periódico o temporal de su espacio, como ocurre con la venta callejera? La realidad es que “el que no lo hace, lo ve hacer”, y es el gobierno quien termina subsidiando actividades como la venta ambulante, los restaurantes que ocupan aceras y plazas con mesas, o los “bien cuidados” que actúan como parquímetros humanos.
El problema es que, con el tiempo, muchos de estos primeros comerciantes se convierten en intermediarios inmobiliarios que acaparan el valor de los arriendos cobrados al comercio informal, un segmento que genera miles de dólares sin haber invertido en mejoras ni limpieza. Esta situación crea una clase de microempresarios que pueden llegar a vivir mejor que muchos profesionales y cuyos vínculos se extienden al ámbito político, que tradicionalmente mira hacia otro lado a cambio de la llamada “paz social”.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Un estudio realizado en 2019 por una empresa panameña, al que tuve acceso, reveló que una fonda en el centro de la ciudad puede pagar clandestinamente alrededor de B/.28.60 por metro cuadrado en alquiler y seguridad, mientras que una barbería callejera puede pagar B/.19.50 por metro cuadrado. Estos precios clandestinos son comparables, e incluso a veces superiores, a los del mercado formal, donde los precios oscilan entre B/.12.00 y B/.20.00 por metro cuadrado en centros comerciales clase A del centro de la ciudad (CBRE, 2023).
¿Es rentable este negocio? Según el mismo estudio, un vendedor ambulante puede generar ingresos entre B/.600 y B/.2,800 mensuales, una fonda entre B/.3,360 y B/.9,600, y un verdulero entre B/.280 y B/.4,200 al mes.
Estas cifras no son insignificantes y muestran una oportunidad perdida tanto para la DGI, la CSS, como para la Tesorería Municipal y las Juntas Comunales, que no ejercen un control efectivo del espacio público. De hecho, un estudio más detallado sobre la informalidad comercial debería evidenciar que muchos de estos comerciantes voluntariamente evaden el sistema económico formal, generando ingresos que los colocarían dentro de la “Clase Media Emergente Panameña”. Esto los haría sujetos a las mismas reglas que el comercio formal, con el cual compiten de manera desleal, costándole millones al gobierno local en mantenimiento de emergencia del espacio público.
En conclusión, el espacio público no es gratuito, y sus usuarios tienen la capacidad y la obligación de contribuir al aseo, mantenimiento, promoción y gestión del mismo. Los proyectos de renovación del espacio público ejecutados y por ejecutar por el Municipio de Panamá son la oportunidad perfecta para lograrlo.
El autor es subdirector de Planificación Urbana del Municipio de Panamá.