Un policía ve a un ebrio buscando algo en el suelo, bajo un poste de luz, en medio de la noche. «¿Qué perdió?», le pregunta el policía. «Mis llaves», contesta el ebrio. Tras varios minutos de ayudarle sin éxito, el policía pregunta: «¿Seguro que las dejó caer aquí?». «No», contesta. «Las perdí en la oscuridad, pero aquí hay mejor iluminación». Abraham Kaplan llamó a esto el efecto farol para describir nuestra tendencia a buscar soluciones donde nos resulta más cómodo, en lugar de donde puede estar la verdad. Es la razón por la cual nos encanta debatir desde escenarios hipotéticos. Controlamos las variables, no se aplican restricciones y las premisas fluyen orgánicamente hacia las conclusiones. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho.

La realidad difícilmente presenta decisiones perfectamente evidentes. Usualmente, nos enfrentamos a situaciones en las que debemos sacrificar un objetivo a cambio de otro. Precisamente, la ciencia económica nos da herramientas para evaluar estas decisiones. Buscamos maximizar el retorno, el beneficio o la utilidad, sujetos a nuestros costos, limitaciones y restricciones.

Recientemente se presentó el informe interministerial que plantea al presidente qué hacer con la mina. Ciertamente, es una situación compleja en la que habrá insatisfechos, sea cual sea el resultado, y, lamentablemente, optar por una decisión salomónica podría resultar más costoso que tomar una con determinación.

Evaluemos cada escenario. Si el gobierno decide poner fin definitivo al proyecto sin operación, el contribuyente asumiría el costo de desmantelamiento y rehabilitación del sitio —unos $3,400 millones, según el informe—, y el país quedaría expuesto a un arbitraje de $27,000 millones. ¿Podríamos ganar el arbitraje? Es posible, sí. No obstante, perder implicaría una deuda impagable para los contribuyentes y coartaría el progreso de generaciones futuras. Desde una óptica estrictamente matemática, pregúntese: ¿con qué probabilidad de éxito se atrevería a arriesgarse si fuese su decisión?

Un escenario ligeramente menos riesgoso sería permitir que la operación autofinancie la rehabilitación del sitio. Aquí, el operador asumiría ese costo, pero, si no es FQM, aún se mantendría el pasivo contingente de un arbitraje. Eso supone, quizá con poco realismo, que un tercero tendría interés en explotar una mina solo para financiar su desmantelamiento.

Vayamos al otro extremo: tampoco es viable, ni jurídica ni socialmente, mantener el contrato anterior. Sería ignorar el fallo de la Corte Suprema y exponer al país a revivir las tensiones de 2023.

Consideremos ahora cuáles han sido las principales quejas y aprensiones de quienes rechazan la operación: debilidad institucional para fiscalizar los estándares ambientales, poca transparencia en el uso y la recaudación de los fondos de la operación y poca credibilidad en la forma en que se pactaron los contratos. En otras palabras: desconfianza. Debemos aceptar que el cese de las operaciones causó un perjuicio tangible que aún se siente en el mercado laboral y en las mipymes, en especial en las áreas aledañas al proyecto. Al mismo tiempo, debemos reconocer que no tenemos suficiente robustez institucional para generar confianza, y eso legitima las quejas de quienes rechazan un nuevo acuerdo.

Entonces, ¿cómo se construye la confianza? Con disciplina y transparencia. Entre las recomendaciones presentadas en el informe hay varios elementos que apuntan en esta dirección: 1) un modelo que «genere beneficios sustancialmente superiores» a los previos; 2) que los recursos derivados se traduzcan «en beneficios tangibles e identificables» y «se ejerzan con transparencia plena»; 3) «crear un mecanismo que destine recursos a un plan ambiental»; 4) que «el proyecto se someta a los estándares internacionales de transparencia y de verificación aplicables al sector»; y 5) que se adopte «un esquema institucional con autonomía real, que incorpore buenas prácticas de gobernanza» y asegure una «gestión técnica respecto a los futuros ciclos políticos». Aunque ambiciosos, son requisitos clave para construir esa confianza.

La mina es un activo estratégico que simplemente no nos podemos dar el lujo de perder, ya sea dejándolo en abandono o regalándolo sin contraprestaciones. Se debe tomar una decisión responsable pensando en mejorar la vida del ciudadano. Pedir que el debate se lleve a cabo sin emociones es una premisa poco realista. No obstante, es parte del proceso de madurez de toda democracia que salgamos de la zona de confort y busquemos soluciones, aun si eso implica buscar fuera de donde ilumina el farol.

El autor es economista.