En los últimos días se ha generado un gran revuelo mediático a raíz de un proceso judicial que incluye querellas penales y una demanda civil, del cual se derivaron medidas cautelares de secuestro de cuentas bancarias y otros bienes de CIAM y Adopta Bosque. Frente a tanto ruido mediático, vale la pena poner los pies sobre la tierra y hablar claro, sin dramatismos ni consignas.
CIAM y Adopta Bosque llevan años denunciando proyectos de desarrollo y, en especial, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que los respaldan. Denunciar es un derecho; nadie lo discute. Defender el ambiente también lo es. Panamá necesita ciudadanos vigilantes y organizaciones activas. Eso es sano para la democracia.
Pero también hay que decir las cosas como son: cuando se ataca de forma constante a los EIA, no solo se cuestionan proyectos específicos, sino que se pone en entredicho el trabajo de profesionales panameños —biólogos, ingenieros y consultores ambientales, nacionales e internacionales— que estudian, miden, evalúan y firman esos informes. De paso, se deja mal parada a la institución que los revisa y aprueba: el Ministerio de Ambiente. No se puede descalificar todo como si fuera un invento o una farsa, sin pruebas claras y serias, porque eso afecta la credibilidad de todo el sistema ambiental del país.
La libertad de expresión existe, sí. Pero no es un “vale todo”. En Panamá, como en cualquier país serio, cada quien responde por lo que dice y por lo que hace. Si se denuncia públicamente, también hay que estar preparado para que el señalado responda, se defienda o incluso demande. Eso no es persecución; es parte de las reglas del juego en un Estado de derecho.
Aquí nadie está por encima de la ley. Así como CIAM y Adopta Bosque tienen derecho a denunciar, los denunciados también tienen derecho a defenderse en los tribunales. El derecho civil es rogado: se discute, se pelea y se prueba en el juzgado, no en conferencias de prensa.
Por eso sorprende ver tanto escándalo por unas medidas cautelares que forman parte normal de un proceso judicial. El secuestro de cuentas no es una condena ni una sanción final. Es una medida temporal que un juez puede ordenar mientras se decide el fondo del caso, más aún cuando se trata de organizaciones que cuentan con abogados, experiencia legal y conocimiento del sistema judicial.
Aquí no hubo ningún vacío legal ni aplicación arbitraria de normas. Si la demanda se presentó en agosto, como ellos mismos han señalado, el proceso se rige por el Código Judicial vigente en ese momento, no por el nuevo Código Procesal Civil. Ese código, aprobado en octubre de 2023, no entra plenamente en vigor hasta octubre de 2025. Se aplicó, simplemente, la ley que correspondía.
Entonces, la narrativa no puede ser la de la victimización ni la del martirio. Esto no es un castigo político ni un ataque a la libertad de expresión. Es un proceso legal que se sabía que podía ocurrir. Quien entra a un tribunal sabe que hay riesgos, costos y consecuencias. En los tribunales se litiga con pruebas, no con hashtags.
Si se cree que hay una injusticia, se pelea con argumentos, evidencia y dentro de la ley. No en redes sociales. Defender el ambiente es una causa noble, pero pierde fuerza cuando se mezcla con exageraciones, acusaciones sin sustento y discursos emocionales que confunden a la opinión pública.
Cuidar el ambiente también implica cuidar la verdad, respetar la ciencia y entender que en un Estado de derecho todos tenemos derechos, pero también responsabilidades. Y eso aplica para todos, sin excepción.
El autor es biólogo e investigador.
