En los mapas escolares argentinos, pintados con los colores patrios, la Antártida aparece marcada con un triángulo blanco que baja desde Ushuaia hasta el Polo. Los mapas chilenos muestran otro triángulo, superpuesto al primero. Los británicos, un tercero, superpuesto a ambos. Desde antaño se juega una pulseada donde todos dicen “es mío”. Y, como los mapas no alcanzaban, los países avanzaron con los cuerpos. En 1978, Argentina trasladó a una mujer embarazada a la Base Esperanza y allí nació la primera persona en la historia del continente; Chile respondió en 1984 con nacimientos propios en Villa Las Estrellas, donde hoy funcionan una escuela y un registro civil; el Reino Unido emite estampillas desde la oficina postal de Port Lockroy. Pero los nacimientos, las aulas y las estampillas no entregan las llaves del manto blanco bajo el que descansan la fauna, la vegetación marina austral y metales de todo tipo.
No es que los reclamantes no cuiden ni investiguen. El Reino Unido acaba de completar su mayor inversión en infraestructura para la ciencia polar desde los años ochenta; Chile hizo de Punta Arenas una puerta de entrada al continente; Argentina sostiene desde 1904, en Orcadas, la estación de operación continua más antigua de la Antártida, aunque su programa científico atraviesa hoy la peor crisis presupuestaria en décadas. La ciencia existe, pero orbita alrededor del reclamo, porque el propio Tratado la volvió moneda y se investiga para conservar el asiento.
Los actores que se disputan el continente acumulan símbolos de propiedad mientras el reloj del Tratado Antártico de 1959 y del Protocolo de Madrid de 1991 corre hacia 2048. Y esa carrera se concibe desde un paradigma del pasado, sobre supuestos que no siempre tienen ni peso ni sustento en el mundo de hoy.
La primera verdad es que el Tratado Antártico de 1959 fue un pacto de paz y ciencia de la Guerra Fría, no un régimen de propiedad ni de cuidado. Estableció el uso exclusivamente pacífico del continente, la libertad de investigación científica y de cooperación, la prohibición nuclear y las inspecciones mutuas. De los recursos solo menciona los “recursos vivos”, y solo para protegerlos. Su preámbulo declara el uso pacífico “en interés de toda la humanidad”, una humanidad beneficiaria de la paz, nunca dueña del territorio; un continente pensado para todos que jamás fue declarado de todos. Ese “para todos” no está escrito en ninguna cláusula; es el espíritu que se desprende de su letra, y conviene nombrarlo para poder discutirlo. Su artículo IX condiciona la voz de los adherentes a demostrar “investigaciones científicas importantes”; así, el que no invierte no vota. Y su artículo IV no resolvió los reclamos de soberanía, sino que los congeló, intactos y estériles; nadie puede ampliarlos, reconocerlos ni renunciar a ellos. Tampoco previó sanciones.
La segunda verdad es que la prohibición de la explotación y de la extracción existe, pero vive en otro documento y no vence. El Protocolo de Madrid declaró en 1991 a la Antártida “reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia” y dispuso que “cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida”. Algunos dicen que esto caduca en 2048, pero es incorrecto. Lo que establece su artículo 25 es que, cumplidos cincuenta años de vigencia, cualquier Parte Consultiva puede pedir una conferencia de revisión, con candados durísimos, porque toda enmienda exigiría tres cuartos de las Partes, incluidos todos los Estados Consultivos de 1991, y el artículo 7, por ejemplo, no puede tocarse sin un régimen minero jurídicamente obligatorio previo.
Por eso no es preciso hablar de vencimiento, sino de una ventana con muchas rejas. Las alarmas que deben preocupar están en la letra chica, donde se lee que, si una enmienda aprobada no entra en vigor en tres años, cualquier Parte podría retirarse del Protocolo. La amenaza de 2048 no es que se legalice el extractivismo, sino que alguien se escape por la tangente y convierta la ventana en puerta de salida del pacto.
La tercera verdad es la más incómoda y la que menos vemos. El sistema ya incumple lo que promete. El régimen de responsabilidad por daños ambientales que el Protocolo anuncia en su artículo 16 se adoptó como Anexo VI en 2005, con seguros obligatorios y responsabilidad patrimonial para los operadores, y más de dos décadas después sigue sin entrar en vigor. De los seis anexos del Protocolo, el único que le pone precio al daño es el único que no rige. La protección de este territorio fue gratuita de declarar, pero resulta cara de firmar.
Ese es el estado de situación jurídico. La urgencia es material. Bajo el hielo de la Península se presume una riqueza diversa, del cobre y el níquel a las tierras raras. China, mientras tanto, multiplica bases y se ampara en el “uso racional” de los recursos que la Convención del Mar Austral permite, una fórmula que cada vez se interpreta más como derecho a explotar y suena a antesala semántica de la extracción. Y el krill, la base de la trama de vida austral, ya es objeto de una pesquería industrial que las reglas del propio sistema antártico no lograron contener, con capturas récord que, en la última temporada, forzaron, por primera vez en la historia, un cierre anticipado.
El consenso funcionó mientras nadie lo puso a prueba con recursos escasos. Frente a la presión actual, los reclamantes vuelven, por reflejo, al idioma del siglo XX para defender “lo mío”. Pero esa es una pregunta equivocada e incompleta, formulada con títulos que el derecho internacional lleva sesenta años negándose a expedir.
Existe otra pregunta posible, formulada desde este siglo. Ya no quién posee la Antártida, sino quién puede cuidarla, cómo pasar del “para todos” que el Tratado concede al “de todos” que el planeta necesita.
El paradigma de soberanía ya mutó en otros territorios estratégicos. El derecho del mar declaró los fondos oceánicos “patrimonio común de la humanidad” y les dio una autoridad en la que todo Estado tiene asiento; un modelo imperfecto y bajo presión, pero que instaló las dos ideas que al sistema antártico le faltan: la titularidad común y el asiento universal. El Foro Económico Mundial, al pensar la infraestructura de inteligencia artificial, define hoy la soberanía como interdependencia estratégica entre socios confiables, porque la autosuficiencia de los Estados-nación resulta irreal para el siglo XXI. Propone embajadas digitales, siguiendo el modelo de Estonia, que aloja sus registros estatales en Luxemburgo bajo ley estonia. Entonces, si hasta el capital global divorció la soberanía de la posesión, insistir con el “es mío” antártico sería gobernar el siglo XXI con la cabeza del XIX.
Una soberanía colectiva de cuidado para la Antártida, de fronteras permeadas, sería una salida semejante. Ser de todos no significa repartir el continente entre los 193 Estados del planeta ni desalojar a quienes llevan más de un siglo allí; significa institucionalizar un cogobierno con espíritu de comunidad antártica, un “de todos” ejecutado por quienes están y pueden, en nombre de todos, con acuerdos donde el cuidado mande. No es una utopía. Es construir colaboración institucional en lugar de competencia simbólica, apostar a la capacidad real, con presupuesto, ciencia y presencia, y acordar reglas para que los países con más recursos no puedan vetar en 2048 a discreción ni los de menor peso económico queden fuera de la mesa. Los reclamantes históricos podrían dejar de gritar “esto es mío”, como niños que pelean por un juguete, y ser los primeros guardianes colegiados del continente, convirtiendo sus títulos congelados de propiedad en títulos de responsabilidad.
Quedan veinte años, lo que tarda una generación en formarse. Quienes se sentarán a la mesa de 2048 están hoy en la escuela primaria, mirando esos mapas con los sesgos del deseo de sus patrias. Podemos enseñarles a defender un triángulo. O podemos enseñarles lo que estos tres textos revelan. La Antártida no tiene dueño oficial y, precisamente por eso, es de todos: de los que reclaman y de los que nunca fueron invitados a la mesa porque ni siquiera eran países en 1959, y, sobre todo, es de los seres vivos que dependen de su hielo, de su alimento, de los que estamos en el planeta y de los que vendrán. Pensar la geopolítica del siglo XXI sin sustentabilidad es tan peligroso como habría sido pensarla en 1959 ignorando la amenaza nuclear de la Guerra Fría.
Hacer política en el presente exige crear futuro, cambiar la pregunta de quién es el último territorio sin dueño por la única que importa: la de quiénes van a responder por él y de qué manera.
La autora es escritora, guionista y directora de cine.
