Hace 45 años, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el jefe de gobierno de Panamá, general Omar Torrijos, firmaron en Washington, D.C., el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y la Operación del Canal de Panamá, pactos que pusieron término al conflicto entre Panamá y Estados Unidos emanado de la unilateral interpretación por este del Tratado Bunau Varilla-Hay de 1903.
El Tratado del Canal, que estableció un programa gradual de transferencia del Canal a Panamá, venció el 31 de diciembre de 1999 con el traspaso del Canal y sus activos al soberano. Pero el Tratado de Neutralidad, mediante el cual ambos países declaran la neutralidad permanente de la vía y de “cualquier otra vía acuática internacional que se construya total o parcialmente en territorio panameño”, tiene vigencia indefinida.
Conforme a la Constitución, los tratados fueron aprobados en Panamá vía referéndum por una amplia mayoría (67%) el 23 de octubre de 1977. En Estados Unidos, los pactos debían ser ratificados por el Senado, sujetos a una fuerte presión del electorado conservador, que defendía el statu quo. En previsión de la oposición que enfrentaría, al remitir los tratados al Senado el 16 de septiembre de 1977, el presidente Carter advertiría que una “inadecuada demora en su ratificación, podría causar serios problemas a nuestras relaciones exteriores y amenazar nuestros intereses a largo plazo en el Canal y el hemisferio”.
Después de encendidos debates, el 16 de marzo de 1978 el Senado aprobó el Tratado de Neutralidad y, el 18 de abril, el Tratado del Canal, ambos por 68 votos a favor y 32 en contra, apenas un voto sobre los dos tercios necesarios para ratificarlos. Esta votación fue el resultado de un gran esfuerzo bipartidista, bajo el liderazgo de Robert Byrd (demócrata) y Howard Baker (republicano). A favor de los tratados se registraron 52 votos demócratas y 16 republicanos.
Pero en el ínterin entre la aprobación de ambos tratados, surgió un problema: el artículo V del Tratado de Neutralidad que estipulaba que, “después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”, generó temores entre senadores conservadores.
Para aliviar sus temores, el senador demócrata Denis DeConcini condicionó su voto a que se introdujera una reservación, que permitiría a Estados Unidos usar sus fuerzas militares en Panamá en el caso de que se amenazara la operación del Canal. La reservación estipulaba que, después del año 2000, Estados Unidos “podrá tomar las medidas que considere necesarias, de acuerdo con su proceso constitucional, incluyendo el uso de la fuerza militar en Panamá, para reabrir el Canal o restablecer las operaciones del Canal sea cual sea el caso”.
Pero lo que se conoció como la “enmienda DeConcini” abrió un nuevo periodo de negociación, ahora entre el presidente Carter y el jefe de la mayoría del Senado, Robert Byrd, con el senador DeConcini, para que la enmienda fuese aceptable para Panamá. Según detalló The New York Times en su edición del 19 de abril de 1978 (“Senate votes to give up Panama Canal; Carter foresees beginning of a new era”), Byrd y el senador Frank Church, estratega por los tratados, fueron clave en ese proceso.
Entre los argumentos que utilizó para convencer a los senadores de suavizar el lenguaje de la “enmienda DeConcini”, Church dijo que “los tratados garantizarían, no solo unas mejores relaciones con Panamá, sino con América Latina y protegería los intereses de Estados Unidos en el Canal”. Y advirtió que quienes se oponían a ellos “participaban en un retorno sentimental a la era de Teddy Roosevelt, del gran garrote y la gran flota blanca”, que simbolizó el poderío naval de Estados Unidos.
Aunque observó que su enmienda en ningún momento menciona la palabra “intervención”, DeConcini accedió a apoyar una enmienda redactada por Byrd que aclaraba la suya. La nueva enmienda, aprobada al ser ratificado el Tratado del Canal, estableció que cualquier acción que tomara Estados Unidos en cumplimiento de la enmienda DeConcini o bajo cualquier norma del tratado, “no tendrá como propósito ni será interpretada como un derecho a intervenir en los asuntos internos de la República de Panamá o como una interferencia en su independencia política o su integridad soberana”.
Recordar estos antecedentes históricos a 45 años de la firma de los tratados resulta oportuno a la luz de las voces que aún alegan que la enmienda DeConcini concede a Estados Unidos el derecho de intervenir en Panamá. Como hemos visto, ese derecho está muy limitado. En lo personal, opino que la de 1989 fue la última intervención militar de Estados Unidos en América Latina.
El autor es periodista
